Newsletter Arbitraje Internacional - Septiembre 2018 | Panorama regional: Europa

ARMENIA

Armenia se enfrenta a una demanda del CIADI por un contrato de concesión de infraestructuras

Según se ha informado recientemente, una sociedad de inversiones de Dubai, Rasia Group, y su Consejero Delegado americano, Joseph Borkowski, han presentado una demanda contra Armenia ante el CIADI por 150 millones de USD, en relación con unas concesiones para la construcción y explotación de conexiones de carretera y ferrocarril, de importancia tanto política como económica,  para el transporte desde Irán de petróleo, entre otros productos,  y con acceso a valiosos recursos de minerales.

CHIPRE

Desestimada la demanda de un inversor griego por el CIADI

Mediante decisión de 30 de julio de 2018, un tribunal del CIADI ha desestimado una demanda de arbitraje de inversión por 1.050 millones de euros contra Chipre, presentada al amparo del tratado bilateral de inversión entre Grecia y Chipre de 1992 por parte de los antiguos propietarios griegos de un banco, ya desaparecido, cuyo control asumió  el gobierno durante la crisis de la eurozona. La demanda del CIADI se refiere al tratamiento del banco Laiki (conocido anteriormente como Banco Popular de Chipre), que estaba participado por los demandantes antes de que el gobierno chipriota adquiriera una participación del 84% en junio de 2012 en el marco de una recapitalización de 1.800 millones de euros destinada a limitar el riesgo del banco al impago de la deuda griega. Según los árbitros, de acuerdo con el derecho internacional la recapitalización no es atribuible a Chipre, a pesar de que desde ese momento el gobierno tuviera una participación mayoritaria en el banco y, aún en el caso de que lo fuera, no constituiría una violación del TBI.

ESTONIA

Estonia se enfrenta a una nueva demanda de arbitraje de inversión por sobornos y expropiación de una instalación portuaria

Estonia se enfrenta a una demanda de arbitraje de inversión por 150 millones de USD presentada por el inversor Alexander Rotko, quien alega que su inversión en el puerto marítimo de Tallinn fue expropiada después de que la compañía se negara a pagar los sobornos exigidos por políticos locales.

INGLATERRA

Pena de cárcel para un príncipe saudí por incumplir una orden judicial en la ejecución de un laudo

El príncipe saudí Hussam Bin Saud Bin Abdulaziz Al Saud, que fue condenado a pagar 530 millones de USD a Zain, un operador de telefonía móvil cotizado en la bolsa de Kuwait, en un laudo de la LCIA, se enfrenta a una pena de cárcel en el Reino Unido por incumplir la orden judicial de poner fin al procedimiento que había iniciado en los tribunales de Riyad en relación con el mismo conflicto.

RUSIA

El operador de comercio electrónico ruso Ulmart, obligado por la LCIA a comprar la participación de Vasinkevich

Un tribunal arbitral de la LCIA ha ordenado a los accionistas del operador de comercio electrónico ruso Ulmart adquirir la participación del empresario Mikhail Vasinkevich por 67 millones de USD. El tribunal determinó el precio de la participación accionarial del 38,5% propiedad de Vasinkevich, que sus socios Dmitry Kostygin y August Meier están ahora obligados a comprar.

El oligarca ruso Deripaska, acusado de bloquear un arbitraje de la LCIA mediante la financiación de un litigio judicial

Un juzgado inglés será el encargado de dirimir las acusaciones que apuntan a que el oligarca ruso Oleg Deripaska promovió indebidamente un litigio judicial de tercero con el objetivo de frustrar un arbitraje de la LCIA de 100 millones de USD, relacionado con un proyecto inmobiliario en Moscú.

ESPAÑA

España se enfrenta a una nueva solicitud de ejecución de laudo por parte de inversores en energía solar en Washington D.C.

Tras la solicitud presentada ante un juzgado de Washington DC por Eiser Infrastructure para la ejecución de un laudo del CIADI por 128 millones de euros, que fue dictado en mayo de 2017 contra España en una demanda basada en el Tratado de la Carta de la Energía por los recortes a las renovables en el país, otros dos inversores en energía solar europeos (Atin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar) han solicitado en Washington DC la ejecución judicial de un laudo del CIADI de 112 millones de euros, dictado en contra de España por las reformas de su régimen de ayudas al sector de las energías renovables. Entre tanto, España está intentando reducir el importe del laudo favorable a los inversores europeos mediante procedimientos de rectificación.

España propone la descalificación del árbitro colombiano Eduardo Zuleta en uno de los numerosos arbitrajes a los que se enfrenta por su política energética

España acaba de presentar una propuesta para la descalificación del árbitro colombiano Eduardo Zuleta como presidente del tribunal arbitral, en el arbitraje iniciado en su contra en 2015 por el inversor alemán STEAG GmbH sobre la base de la Carta de la Energía (STEAG Gmbh contra España (Caso del CIADI Nº ARB/15/4)). Según la información publicada, la descalificación ha sido solicitada a causa del laudo recientemente dictado contra España en otro arbitraje basado en la Carta de la Energía (Antin Infrastructure Services Luxembourg Sarl y Antin Energia Termosolar BV contra España (Caso del CIADI Nº ARB/13/31)) en el que Zuleta también presidió el tribunal arbitral.

Arbitraje de inversores mexicanos contra España tras la resolución de Banco Popular

Un grupo de inversores mexicanos, antiguos accionistas de Banco Popular, encabezado por Antonio del Valle, ha presentado una demanda contra España por su intervención en la resolución de Banco Popular. Según la información facilitada por el grupo mexicano, se han presentado formalmente dos demandas: una ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) y la otra conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Consideran que España incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y México y solicitan la indemnización de los daños derivados de la pérdida de su inversión.