Panorama regional de Arbitraje: el continente americano

BRASIL

El Ayuntamiento de São Paulo contempla nuevos mecanismos de Dispute Board (mesas de resolución de conflictos)

El 22 de febrero de 2018, el gobierno municipal de Sao Paulo aprobó la Ley 16.873, que contempla la posibilidad de incorporar la figura de los Dispute Boards a la resolución de controversias que afecten a contratos con el ayuntamiento. La nueva ley marca un hito en el desarrollo de los Dispute Boards en Brasil, habida cuenta de la importancia económica de la ciudad de São Paulo.

Los Dispute Boards pueden ser de tres tipos: Dispute Review Boards (formulan recomendaciones), Dispute Adjudication Boards (emiten decisiones vinculantes) o híbridos (formulan recomendaciones y emiten decisiones vinculantes). Estarán integrados por tres miembros (preferiblemente por dos ingenieros y un abogado) y pueden estar regulados en un anexo del contrato público o pueden someterse al reglamento de un institución.

COLOMBIA

Celebra el quinto aniversario de su Ley de Arbitraje con cifras positivas en términos de ejecución de laudos extranjeros

2017 marcó el quinto aniversario del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de Colombia. Como su nombre indica, la ley introduce una doble normativa de arbitraje. En lo que respecta al arbitraje internacional, se fundamenta en la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI.  Entre las novedades introducidas por el estatuto que tienen su base en la Ley Modelo cabe destacar el establecimiento de un procedimiento abreviado para resolver sobre el reconocimiento de decisiones arbitrales internacionales, así como la definición de los motivos para denegar el reconocimiento. Estos motivos son los mismos que los contemplados por la Convención de Nueva York y por la citada Ley Modelo, con la expresa salvedad, referida a la causa para denegar el reconocimiento informal, de que el fallo debe vulnerar el orden público internacional de Colombia.  Los órganos encargados de administrar el procedimiento de reconocimiento son la Cámara de Casación Civil del Tribunal Supremo de Colombia, cuando el asunto es de carácter privado, y la Sección Tercera Plenaria del Consejo de Estado, si hay implicada una entidad pública colombiana o alguien que desempeña funciones administrativas en Colombia.

Segunda demanda en el ámbito de las telecomunicaciones

La empresa española Telefónica ha hecho efectiva su amenaza de llevar a Colombia a un arbitraje ante el CIADI por la reversión de sus infraestructuras en el marco de una concesión de telecomunicaciones, mientras se encuentra en curso otra demanda del grupo de telecomunicaciones América Móvil por la misma causa. La demanda, presentada con arreglo al tratado de inversión bilateral entre España y Colombia, se publicó en la web del CIADI el 20 de febrero de 2018.

ECUADOR

Antigua filial de Petrobras gana una demanda relacionada con proyectos petroleros ecuatorianos

Una antigua filial de la petrolera estatal brasileña Petrobras y sus socios han ganado 515 millones de US$ en una demanda presentada ante la CNUDMI contra Ecuador por la nacionalización de dos proyectos petroleros en la Amazonia. Un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya resolvió el pago de una indemnización de daños y perjuicios a favor de Ecuador TLC, actualmente propiedad de la argentina Pampa Energía, de una filial de la japonesa Inpex y de la compañía registrada en Panamá Cayman International Exploration Company. La indemnización asciende a más de la mitad de la originalmente reclamada por los demandantes, de 890 millones de US$.

Inicio de las conversaciones sobre nuevos TBI

Ecuador ha enviado una propuesta a 16 países invitándoles a renegociar los tratados bilaterales de inversión que había cancelado e instándoles a aceptar un nuevo modelo de TBI que requiere la resolución arbitral de conflictos en la región. Parece ser que el nuevo modelo de TBI contempla un mecanismo de resolución de conflictos ajustado a la constitución del país, habida cuenta de la decisión de 2013 del Tribunal Constitucional según la cual los anteriores TBI de Ecuador “cedían jurisdicción soberana” y atentaban contra el principio de supremacía.

MÉXICO

México firma el Convenio del CIADI

Ante el incierto futuro del TLCAN y sus disposiciones para la resolución de conflictos entre estados e inversores, México se ha decidido a firmar el Convenio del CIADI. México es el 162 país que suscribe el Convenio y si da el paso de ratificarlo, será el 154 en hacerlo.

De esta forma, los tres países norteamericanos son ya firmantes del convenio. Estados Unidos lo suscribió en 1965, el año de su promulgación, y lo ratificó el año siguiente. Canadá lo firmó en 2006, ratificándolo siete años después.

PANAMÁ

Un conflicto sobre neumáticos se resuelve con una decisión que marca un hito en materia de marcas

En lo que se considera como la primera decisión de este tipo, un tribunal del CIADI ha reconocido que las licencias de marca pueden acogerse a la protección de tratados de inversión, resolviendo que la demanda de dos filiales estadounidenses del fabricante de neumáticos japonés Bridgestone contra Panamá puede seguir adelante.

Trump en un conflicto ante la CCI por un hotel en Panamá

Trump International Hotels Management y Trump Panama Hotel Management se enfrentan a una demanda de arbitraje de 15 millones de US$ ante la CCI, presentada por la compañía panameña propietaria del Trump International Hotel & Tower Panama por su “pésima gestión”.

El control de la panameña TOC está en manos de una fundación integrada por los titulares de 369 unidades del hotel de Panamá, más de 200 de las cuales pertenecen a sociedades hermanas panameñas denominadas Ithaca Capital Investments I y II.

Las compañías de Trump, cuya dirección asumieron sus hijos cuando éste accedió a la presidencia, afirman que las declaraciones de TOC son falsas, que “se basan en inventos y son un fraude”. Han contraatacado con una demanda mucho más cuantiosa, de 150 millones de US$, y han intentado que las compañías Ithaca y su consejero delegado, Orestes Fintiklis, se incorporen al arbitraje con sede en Panamá como terceros.

PERÚ 

Un proyecto peruano de gasoductos desemboca en nuevas demandas

El grupo constructor brasileño Odebrecht ha presentado una demanda de arbitraje contra sus socios en un proyecto de gasoductos en Perú, de 7.300 millones de US$, que se vino abajo como consecuencia de un escándalo de corrupción de gran repercusión mediática, mientras Perú se enfrenta a otra amenaza de demanda arbitral en relación con la misma concesión.

Odebrecht presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Lima contra filiales locales de la empresa española Enagás y el grupo constructor peruano Graña y Montero, sus socios en el consorcio para el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). El GSP es uno de los mayores proyectos de infraestructuras de Perú. La concesión de 34 años incluía un gasoducto de 1.100 kilómetros de longitud que se prolongaba desde los yacimientos de gas de la región interior de selva interior hasta la ciudad portuaria de Ilo, al sur del país.

VENEZUELA 

La compañía PDVSA gana un recurso por la transferencia de activos estadounidenses

Un tribunal de apelaciones de Delaware ha resuelto que una filial estadounidense de la empresa estatal de petróleo y gas venezolana PDVSA no incurrió en “transferencia fraudulenta” al trasladar activos por valor de 2.800 dólares USA fuera de los Estados Unidos en un supuesto intento por eludir el pago de un laudo del CIADI al que fue condenada Venezuela.

En una decisión adoptada por una mayoría de 2 a 1, dictada el 3 de enero de 2018, la Corte de Apelaciones de EEUU correspondiente al Tercer Circuito resolvió que la empresa minera canadiense Crystallex no podía demandar a PDV Holding puesto que dicha compañía no era su deudora.

Si bien no exculpó a PDVSA de sus acciones, el tribunal concluyó que la transferencia por una parte que no es deudora no puede constituir una “transferencia fraudulenta” conforme a la ley de Delaware Uniform Fraudulent Transfer Act (DUFTA).

Decisión de un tribunal arbitral de Río contra Venezuela

La armadora estadounidense Huntington Ingalls ha ganado aproximadamente 129 millones de US$ en un arbitraje ad hoc con sede en Río de Janeiro contra el ministerio de defensa venezolano por la reparación y mejora de fragatas, un conflicto que comenzó hace 15 años.

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