El sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollada por Open IA, ChatGPT, está suponiendo una revolución a todos los niveles, también en el ámbito jurídico.
ChatGPT, un chatbot basado en el modelo de lenguaje GPT-3 que es capaz de tener conversaciones naturales con humanos, se ha convertido en la novedad en inteligencia artificial más comentada de los últimos tiempos. La publicación de ChatGPT por OpenAI está centrando actualmente el debate sobre el impacto de la IA en diferentes sectores, e incluso profesiones, a la luz de una tecnología que podría suponer un cambio de paradigma incluso para lo que hoy conocemos como Internet.
En este contexto, el Observatorio Legaltech & NewLaw Garrigues-ICADE organizó el pasado 24 de enero un evento bajo el título ‘ChatGPT y su potencial impacto en las profesiones legales. Una mirada desde la evaluación ética y jurídica de la innovación’. Los asistentes al encuentro pudieron conocer la opinión de expertos como Albi Rodríguez Jaramillo, consultor de Garrigues y del Observatorio Legaltech & NewLaw Garrigues-ICADE; Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs; César Rosales, project manager de fAIr LAC (BID-LAB); y Moisés Barrio, profesor de Derecho Digital, asesor internacional de regulación y letrado del Consejo de Estado.
Albi Rodríguez introdujo la sesión exponiendo el caso de DoNotPay, una plataforma que se define como el primer RobotLawyer y que está utilizando el modelo GPT-3 para prestar asesoramiento jurídico en EE.UU. En un anuncio que no ha estado exento de polémica, el CEO de DoNotPay, Joshua Browder, publicó que utilizarían un chatbot respaldado por GPT-3 para asistir a un demandado en un juicio. Rodríguez también expuso el ejemplo de los investigadores Bommarito y Katz, que han utilizado GPT-3 para contestar el examen de acceso a la abogacía americano (BAR exam), obteniendo resultados sorprendentes. Estos ejemplos demuestran el impacto que la IA está teniendo y tendrá en el sector legal.
Para Natalia Rodríguez, ChatGPT y GPT-3 abren un mundo de posibilidades y suponen una verdadera disrupción en el mundo tecnológico. No obstante, advirtió que “hay que tener cuidado con esta herramienta porque tiene fallos”. En su opinión, no hay que perder de vista que “utiliza un modelo de aprendizaje en el que los humanos le han ido diciendo lo que está bien y lo que está mal, pero los humanos también se equivocan. Además, cuando hay gran cantidad de información es más fácil que se cuelen errores o contenidos falsos”. En cuanto a sus efectos en el mundo empresarial, para esta experta uno de los principales problemas es que, en muchas ocasiones, el mundo de la empresa y de la investigación no van ligados. Para una empresa normal es más difícil que llegue este tipo de tecnología y que pueda tener un impacto real. Y, según explicó, otro hándicap es el idioma: “En español hay muy pocas horas de conversación grabadas que sirvan para entrenar este tipo de modelos”.
Para César Rosales, ChatGPT supone un avance importante en la democratización de los sistemas de inteligencia artificial, pero también plantea retos importantes como la autoría de las fuentes que consulta para elaborar sus respuestas o la fiabilidad de los resultados que ofrece, algo que, en opinión de Moisés Barrio debería resolver la regulación.
Efectos para el sector legal
Aterrizando el tema en el ámbito de los servicios legales, Natalia Rodríguez señaló que ChatGPT puede ser un complemento para un abogado: “Creo que la mayoría de los bufetes van a usarlo como ayuda, pero, a día de hoy, todavía no es posible dejar a la máquina trabajar sola”. En la misma línea, Moisés Barrio, citando a Markus Hartung, apuntó que “los juristas no se van a ver reemplazados por la IA, pero aquellos juristas que utilicemos la IA sí vamos a reemplazar a aquellos que no la utilicen”.
En cuanto a los perfiles profesionales que requiere la IA, en opinión de Rodríguez, para poder sacar el mayor rendimiento a esta tecnología, hay que saber cómo funciona y conocer sus limitaciones. Para ello, Rodríguez recomendó empezar por entender los conocimientos básicos de la IA (como el machine learning y el deep learning), y animó a los asistentes a hacer pruebas con ChatGPT, que es de acceso libre y gratuito. Barrio recalcó la importancia de encontrar profesionales con un perfil multidisciplinar: “Los abogados tienen que entender la tecnología y los ingenieros tienen que entender el derecho”; y Rosales incidió en la importancia de reforzar el pensamiento crítico cuando se utiliza la IA.
También se abordaron los retos que esta nueva tecnología plantea, por ejemplo, en el ámbito educativo. A raíz del caso en el que el modelo GPT-3.5 aprobó dos de las secciones tipo test del BAR americano, Rodríguez Jaramillo comentó que es posible que los alumnos estén recurriendo a ChatGPT. Moisés Barrio calmó los ánimos: “Se puede solventar el uso indebido de esta herramienta sin problema”.
Finalmente, Barrio advirtió de que esta explosión en el uso de la inteligencia artificial podría llegar a romper las reglas de Internet, revolucionando la búsqueda de contenidos. En su opinión, a medio plazo puede suponer un “terremoto digital”. En esta línea, Natalia Rodríguez apuntó que el impacto podría ser similar al que han producido las redes sociales en las nuevas generaciones.
El reto de la ética
En cuanto a las posibles consecuencias éticas del uso de esta herramienta, Rosales explicó que desde fAIr LAC promueven el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, identificando los principales problemas y dilemas éticos que se plantean. En concreto, se refirió al posible sesgo (preferencia o error hacia determinados grupos) y la toxicidad (entendida como la generación de daño hacia determinados colectivos). Planteó también el reto que supone decidir lo que está bien y lo que está mal en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial: “Para nosotros es importante que la tecnología que se desarrolle sea confiable”.
Sobre estas cuestiones, Moisés Barrio apuntó que las normas éticas suponen un paso muy importante para desarrollar la inteligencia artificial, pero no son suficientes porque, cuando se incumplen, no hay graves consecuencias y tampoco hay incentivos para instaurarlas. Por ello, en su opinión es necesaria una supervisión pública y confía en una regulación que atienda a la proporcionalidad de los riesgos, con el fin de buscar un equilibrio.