El informe, elaborado por Aon y en el que han participado también las aseguradoras especialistas en este ámbito AIG, Allianz, Beazley, Chubb, Hiscox y Zurich, alerta de la necesidad de ser conscientes de que la ciberseguridad, aun cuando se trata de un activo intangible, es clave para el desarrollo y continuidad del negocio de las empresas.
Los riesgos de ciberseguridad se han convertido en una preocupación para las empresas. No en vano, la contratación de pólizas para proteger riesgos de este tipo viene creciendo desde el año 2012, alcanzando un volumen de primas en España de 40 millones de euros. Así se desprende del primer estudio sobre riesgos de ciberseguridad en España, elaborado por Aon y en el que ha participado Garrigues, así como diversas aseguradoras especializadas en riesgos ciber (el estudio se puede consultar aquí).
Tal y como recuerda el estudio, la Ley de Sociedades de Capital, establece, en el artículo 529 ter b), como facultad indelegable la gestión del riesgo tecnológico. Es decir, éste deja de ser un riesgo de índole técnica que delegar al departamento de TI (Tecnología de la Información) para ser un riesgo en cuya gestión debe involucrarse el consejo de administración, pues es un riesgo de negocio.
El informe de Aon apunta que se trata de uno de los riesgos más vanguardistas al estar en constante evolución, lo que lleva a una revisión permanente de los términos y condiciones de los contratos de seguro, obligando al desarrollo de nuevas coberturas y trabajando las exclusiones a tenor de los nuevos siniestros que van sucediendo.
Además, en el auge de la protección de este tipo de riesgos en los últimos años también ha influido la aplicación, en 2018, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que llevó a un aumento en la contratación de pólizas ciber, ante una posible brecha de seguridad.
Según explica Alejandro Padín, socio del Departamento Derecho Mercantil de Garrigues y responsable del área de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico, “la ciberseguridad es una problemática que afecta a la totalidad de las organizaciones, que puede tener como consecuencia graves daños económicos directos así como reputacionales y conllevar sanciones cuantiosas en determinados casos”. Padín, autor de uno de los capítulos del estudio, el relativo a los Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad, considera que “es necesario estar preparados previamente para poder responder a un ciberataque o a un ciberincidente de forma efectiva y reduciendo sus consecuencias perjudiciales”. En este sentido añade que conviene “apoyarse en asesoramiento especializado, tanto de tipo técnico como jurídico; y resulta muy útil complementar todo el programa de prevención y respuesta con una buena póliza de seguros de ciberriesgos”.
El impacto del COVID-19
El estudio incluye también un capítulo especial que recoge los primeros datos recabados acerca del impacto que la crisis causada por la pandemia del COVID-19 ha ocasionado sobre el riesgo cibernético y cómo el mercado asegurador se enfrenta a este nuevo desafío. Entre las conclusiones cabe destacar que la situación del COVID-19 ha impulsado una mayor concienciación entre las organizaciones, según los expertos que participan en el estudio.
Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que llevó a muchas empresas a implementar de manera rápida e improvisada el trabajo a distancia, se ha adquirido mayor conciencia del riesgo cibernético, identificándose en los últimos meses un incremento del 41% en la contratación de las pólizas ciber.