Boletín Fiscal Diciembre 2012
Una discusión recurrente en las inspecciones es si procede pedir a las empresas las retenciones que no practicaron a sus empleados (o a otros perceptores) cuando, en el momento de la revisión administrativa, esos perceptores ya presentaron sus declaraciones de IRPF incluyendo el importe bruto obtenido y tributando por él en su totalidad. En estos casos, la jurisprudencia ha dejado claro que pedir a las empresas que ingresen esas retenciones supone un enriquecimiento injusto de la Administración.
En el supuesto de que los perceptores no hubieran incluido en sus declaraciones esas rentas gravables y sujetas a retención, los Tribunales, al menos hasta la fecha, están permitiendo a la Administración exigir al pagador las retenciones no practicadas, con la posibilidad de imponer sanciones y exigir intereses de demora.
Pero existe otra situación posible, que es cuando la empresa pagadora ingresa la correspondiente retención en Hacienda y el perceptor no accede a soportar el coste de esa retención, situación ésta habitual, por ejemplo, en el caso de despidos litigiosos, en los que las compañías se ven obligadas a depositar en los juzgados las indemnizaciones por su importe bruto estimado.
En esos casos se viene poniendo de manifiesto la existencia de diferencias interpretativas de los distintos órdenes jurisdiccionales, algunos, en apariencia, desentendiéndose de las retenciones que han de practicarse obligatoriamente. En ocasiones, debido a la larga duración de los litigios laborales, las empresas no conocen el importe de la retención a practicar y se les exige que depositen al inicio de los procesos los importes brutos. En esos casos, lo razonable sería que, cuando el litigio termine y la indemnización haya de ser finalmente abonada, se permita a la empresa recuperar “de ese importe, el de la retención, para poderla ingresar en Hacienda”.
La realidad práctica a veces es otra, exigiéndole al pagador en el momento del pago la entrega de la totalidad del importe depositado. Para evitar el perjuicio que esto supone al pagador, la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 25 de octubre de 2012 afirma que un tribunal del orden civil o laboral no puede exigir a una empresa que deposite los importes brutos, sin restar las correspondientes retenciones, dado que la retención es obligatoria por la normativa fiscal.
ÍNDICE
1. SENTENCIAS
1.1 Impuesto sobre Sociedades.- Imposibilidad de comprobación de bases imponibles negativas de ejercicios prescritos (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sentencia de 15 de junio de 2012)
1.2 Impuesto sobre Sociedades.- El incumplimiento de requisitos formales en la opción por el régimen especial de reorganizaciones empresariales no puede impedir su aplicación (Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de mayo de 2012)
1.3 IRPF.- Posibilidad de modificar la opción por el régimen de tributación (individual o conjunta) si se eligió por un error de la propia Administración (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sentencia de 16 de mayo de 2012)
1.4 IVA.- La realización de trabajos de investigación o pruebas técnicas (auxiliares a la actividad principal) en un Estado no supone un EP a efectos de IVA (Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 25 de octubre de 2012, en los asuntos C-318/11 y C-319/11, acumulados)
1.5 Impuesto sobre actividades que incidan en el medio ambiente de Castilla la Mancha.- Incompatibilidad con el Impuesto sobre Actividades Económicas (Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de octubre de 2012)
1.6 Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Asturias.- Compatibilidad con el Impuesto sobre Actividades Económicas y con el IBI (Tribunal Constitucional. Sentencia de 6 de noviembre de 2012)
1.7 Procedimiento de recaudación.- Criterio de cómputo de intereses de demora en la emisión de nuevas liquidaciones emitidas tras la anulación de las anteriores (Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de octubre de 2012)
1.8 Procedimiento de recaudación.- Es válida la notificación de la providencia de apremio en el domicilio señalado a efectos de notificaciones en la escritura pública de compraventa de un inmueble aunque sea diferente al del domicilio fiscal (Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Sentencia de 24 de julio de 2012)
1.9 Procedimiento de inspección.- Derecho a una regularización completa (Tribunal Supremo. Sentencia de 5 de noviembre de 2012)
2. RESOLUCIONES Y CONSULTAS
2.1 Impuesto sobre Sociedades.– Distribución de los pagos fraccionados del grupo fiscal entre sus sociedades (Dirección General de Tributos. Consulta V1979-12, de 15 de octubre de 2012)
2.2 IRPF.- Los Tribunales del orden civil y social no son competentes para decidir sobre las retenciones a practicar sobre el pago de cantidades en ejecución de sentencias de dichos órdenes (Tribunal Económico- Administrativo Central. Resolución de 25 de octubre de 2012)
2.3 Impuesto sobre la Renta de No Residentes.- Devolución a fondos de inversión o entidades aseguradoras no residentes las retenciones soportadas sobre dividendos procedentes de España: algunas cuestiones (Tribunal Económico-Administrativo Central. Resoluciones de 25 de octubre de 2012)
2.4 Procedimiento de inspección.- La Inspección no puede revisar elementos ya analizados con anterioridad en un procedimiento de inspección parcial (Tribunal Económico-Administrativo Central. Resolución de 19 de octubre de 2012)
3. LEGISLACIÓN
3.1 Régimen fiscal de los Fondos de Activos Bancarios y de sus partícipes
3.2 Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
3.3 Información sobre bienes y derechos situados en el extranjero
3.4 Método de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado del IVA para el año 2013 3.5 Obligaciones de facturación: nuevo Reglamento
4. OTROS
4.1 Enmiendas al Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias
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