Colombia: Propuesta para regular el uso del llamamiento en garantía en procesos de protección al consumidor ante la SIC
En caso de aprobarse el proyecto de ley en tramitación, la figura del llamamiento en garantía podría tener una regulación integral en el Estatuto del Consumidor.
El 19 de marzo de 2024 fue aprobado en segundo debate el texto del Proyecto de Ley 264 de 2023 de la Cámara de Representantes, que busca habilitar “el uso del llamamiento en garantía en los procesos de responsabilidad en las relaciones de consumo”, sin perjuicio de que se encuentran pendientes sus debates en el Senado. Para ello, se prevé añadir un segundo parágrafo al artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor.
De este modo, el proyecto de ley reglamentaría el uso del llamamiento en garantía en procesos de protección al consumidor de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En particular, el Proyecto de Ley 264 de 2023 establecería las siguientes reglas:
- El llamamiento en garantía se regirá por lo previsto en el artículo 64 del Código General del Proceso.
- En caso de hallarse procedente el llamamiento, se ordenará la notificación personal del llamado en garantía, la cual deberá llevarse a cabo en un término máximo de 6 meses.
- En la sentencia se resolverá la relación sustancial aducida y se emitirá pronunciamiento sobre las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.
- Cuando un proceso se termine por conciliación, el llamado en garantía podrá conciliar las solicitudes o pretensiones en su contra en la misma audiencia. De lo contrario,“el proceso continuará en lo referente al llamamiento en garantía hasta culminar con sentencia”.
La procedencia del llamamiento en garantía en procesos jurisdiccionales ha sido sujeto de diversas posturas y debates. No obstante, la SIC ha admitido su uso en procesos recientes (véase, por ejemplo, el Auto 80936 de 2023 del Expediente 23-73929), con fundamento en los principios de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Así, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado, esta figura contaría con la oportunidad de tener una regulación integral en el Estatuto del Consumidor.
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