Contratación y PYMES
Con bastante retraso respecto al plazo de que disponía el Reino de España para la transposición de la nueva generación de directivas en materia de contratación, ha visto por fin la luz la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La nueva Ley entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018 e introduce importantes novedades. Así, por ejemplo, incorpora una serie de medidas tendentes a incentivar la participación de las PYMES en los procedimientos de licitación.
A tal fin, se simplifica la tramitación de los procedimientos de licitación y se reducen cargas administrativas; de otro lado, se invierte la regla general en cuanto a la división en lotes, requiriéndose a partir de ahora que se justifique en el expediente de contratación que el objeto del contrato no es susceptible de división.
También se establece, como criterio de solvencia, el cumplimiento de los plazos de la normativa vigente sobre pago a proveedores, con la finalidad incentivar el cumplimiento de la obligación de pago en plazo, por parte de los adjudicatarios, a las empresas subcontratadas. No obstante, éstas siguen sin disponer de acción directa frente al órgano de contratación, a pesar de que las directivas europeas permiten a los estados miembros otorgar dicha acción. Como contrapartida, se prevé que los entes públicos contratantes puedan controlar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores y establecer en los pliegos la realización de pagos directos a los subcontratistas.
Asimismo, se modulan los criterios de solvencia técnica para las empresas de nueva creación, considerándose como tales aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco años.
Por otro lado, la Ley persigue mejorar en el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, limitando los supuestos en los que las licitaciones no sean objeto de publicidad o reduciendo el umbral para poder acudir a una adjudicación directa, entre otras medidas. Para conciliar este objetivo con la simplificación administrativa, se crea la figura del procedimiento abierto simplificado que, como prevé su exposición de motivos, nace con la vocación de convertirse en un procedimiento ágil que permita la adjudicación de los contratos hasta de un determinado umbral económico, en el plazo de un mes desde la convocatoria de su licitación.
Este nuevo marco normativo constituye un mejor escenario para las PYMES malagueñas en orden a acceder a nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de la contratación del sector público.