Hacia una economía climáticamente neutra: repasamos las principales novedades legislativas en materia medioambiental de 2020

Este proceso de transición energética deriva, esencialmente, de las distintas medidas aprobadas en el nivel comunitario, entre las que destaca el Marco Energía y Clima 2020, que incluye los objetivos para el periodo 2021-2030 en el ámbito de la Unión Europea, y del que se han derivado, como compromisos vinculantes para los Estados miembros, fijar de forma porcentualmente relevante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 y el incremento de la energía procedente de fuentes renovables (alcanzar el 32%) en el año 2030.

En particular, debe hacerse mención al impulso recibido en las últimas fechas a la tramitación de la Ley Europea del Clima, que pasa a recoger un porcentaje más actualizado del objetivo de reducción de emisiones, el cual propone elevarse del 40 al 55% (hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050), en cumplimiento, precisamente, de lo establecido al respecto en el Acuerdo de París sobre cambio climático y a fin de aproximarlo a los objetivos del Programa de la ONU para el Desarrollo y devolver así a la UE su tradicional liderazgo en ambición climática.

Asimismo, en el ámbito nacional, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido el pasado mes de marzo a la Comisión Europea, ha previsto la instalación de cerca de 5.000 MW/año de nueva capacidad de energías renovables en la próxima década.

En este contexto, entre las normas más relevantes que han visto la luz este año cabe destacar el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, el recientemente aprobado Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la Circular 3/2020, que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica; la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025; y, en aplicación de ésta, la reciente Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables.

Las medidas introducidas se han centrado, esencialmente, en desarrollar de forma ordenada la generación mediante energías renovables y en fomentar su implantación, precisando las condiciones para su acceso y conexión a la red eléctrica, propósito que se evidencia especialmente en la promulgación del nuevo Real Decreto de acceso y conexión, aprobado la última semana del año, mediante el que ha comenzado a resultar de aplicación lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Asimismo, entre las acciones contempladas con ese fin, destacan, por una parte, la imposición de determinados plazos al desarrollo de nuevas instalaciones, para evitar que se retrasen o paralicen proyectos con mayor viabilidad y, por otra, el desarrollo de un nuevo marco retributivo para dichas energías renovables, alternativo al régimen retributivo específico hasta ahora planteado, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía que garantice una mayor previsibilidad y estabilidad para la financiación y remuneración de este tipo de unidades.

Previsiones para 2021

De igual modo, parece previsible que 2021 sea un año en el que se despliegue una intensa actividad normativa en relación con el sector eléctrico. Así, no sería descartable que, durante el mismo, fueran aprobadas, por ejemplo, la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte; el Real Decreto de metodologías de cálculo de los cargos del sistema eléctrico; o el Real Decreto por el que se regulan las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que fueron incluidas en el Plan Anual Normativo para 2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2020.

En el mismo estado se encuentran otras normas que podrían aprobarse durante el próximo año, como, por ejemplo, la Circular de metodología y condiciones de acceso y conexión que debe aprobar, en el ámbito de sus competencias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para completar la regulación de los procedimientos de acceso y conexión.

Por otra parte, y como no podía ser de otra forma, la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19 y sus efectos sobre la economía también han tenido una importante incidencia sobre la normativa aprobada durante este año 2020 en materia medioambiental.

A este respecto, cabe señalar la tendencia observada en varias comunidades autónomas a la aprobación de nuevas normas de simplificación y agilización de trámites administrativos, que plantean como objetivo, fundamentalmente, fomentar la actividad económica en la actual coyuntura. Es el caso, por ejemplo, del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) de Andalucía; el Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León; la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente de la Región de Murcia; el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears (al que se incorporan medidas introducidas por el Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las Administraciones Públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19); el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica de la Comunidad Valenciana; o el Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

A partir del análisis de las anteriores normas, se observa que muchas de ellas han introducido modificaciones en la normativa de evaluación ambiental y urbanística autonómica, dirigidas, en su mayor parte, a modificar los regímenes de intervención para la apertura de nuevas actividades, sustituyendo figuras tradicionales, como la licencia ambiental o la autorización ambiental, por otros regímenes, del tipo de la comunicación ambiental o la calificación ambiental, que permiten una reducción de cargas administrativas y la agilización de los tiempos de tramitación, en particular para la tramitación de instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables, en línea con los objetivos expuestos a nivel nacional.

Todas estas normas tienen como finalidad facilitar la reactivación de la actividad económica, así como estimular el mantenimiento del empleo, fines que se conjugan con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente.

Incluimos en este documento una relación de las normas aprobadas en los niveles de la Unión Europea, estatal y autonómico y publicadas en 2020.