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El nuevo régimen de la costa.

 | Ideal
Juan Antonio Parrado Moreno

El próximo martes, 23 de abril, comienza el debate y votación en el Pleno del Senado del “Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral”. Este texto inició su andadura parlamentaria en el Congreso de los Diputados tras su aprobación, por el Consejo de Ministros, el 5 de octubre de 2012.

 

Se trata de un proyecto normativo que ha venido suscitando, durante todo este proceso, encendidos debates entre quienes han alabado la oportunidad de las innovaciones que incorpora y quienes, desde posiciones más conservacionistas, alertan de que su contenido pone más el acento en la explotación económica del litoral que en su protección.

El Proyecto introduce modificaciones de enorme calado en la ley 22/1988 de Costas; norma ésta que apenas se ha revisado durante los 25 años que lleva vigente. Partiendo del carácter estratégico del litoral, en tanto que principal recurso de la industria turística, el texto en tramitación contempla una serie de medidas encaminadas a potenciar determinados usos que vienen desarrollándose en primera línea de playa.

El Proyecto redefine algunos enclaves que, hasta ahora, formaban parte del dominio público marítimo-terrestre. Así el documento que debatirá el Pleno del Senado, excluye de este espacio a doce núcleos de población condenados a la desaparición por la ley vigente. Durante el trámite de enmiendas desarrollado en esta Cámara se ha aumentado en dos este listado de poblaciones “amnistiadas”, ya que el texto remitido por el Congreso las cifraba en diez.

Especialmente relevante para los establecimientos de uso turístico situados en la costa, es la nueva regulación de los títulos de ocupación privativa de la zona marítimo-terrestre. El proyecto, en este sentido, amplía la duración máxima de las concesiones demaniales a 75 años, lo que representa más del doble de lo actualmente permitido con carácter general. Prevé, igualmente, que las concesiones existentes a la entrada en vigor de la nueva ley puedan ser prorrogadas por idéntico plazo máximo (75 años). Estos títulos, además, podrán transmitirse por actos inter vivos como norma general, mientras que en la actualidad tales transmisiones sólo resultan admisibles en supuestos muy excepcionales.

El Proyecto debe ser aprobado por el Senado antes del próximo 29 de abril. Culminará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, cuyo Pleno debe pronunciarse sobre si ratifica o no las enmiendas que finalmente proponga la Cámara Alta. El proceso de gestación de esta importante iniciativa legislativa se encuentra, por tanto, en su recta final.