Estiba y gobierno en funciones

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 11 de diciembre de 2014, estableció que el sistema de estiba español es contrario a la libertad de establecimiento. La citada resolución entiende que nuestro sistema no sólo obliga a las empresas estibadoras a inscribirse en una SAGEP, sino que además no les permite recurrir al mercado para contratar su propio personal salvo excepciones, lo cual impide a los operadores no nacionales establecerse en los puertos españoles, restringiendo la libertad de establecimiento injustificadamente.

España tenía la obligación adoptar las medidas necesarias para ejecutar la citada sentencia, lo que implica modificar su legislación (Ley de Puertos) en el sentido indicado. Pese a que el fallo se dictó hace más de un año y medio, España no sólo no ha modificado aún la Ley de Puertos, sino que ni siquiera parece haber hecho lo razonablemente preciso para ello, pues entre el citado 11 de diciembre de 2014 y la disolución de las Cortes para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, hubo tiempo sobrado para cambiar la legislación. Y ello sin computar el tiempo de tramitación del expediente a España, pues ésta ya sabía que la Ley de Puertos era ilegal justamente por los motivos esgrimidos por la sentencia, lo cual era además de sobra conocido por muchos y desde hace tiempo. La CE ya ha denunciado nuevamente a España por incumplir el fallo, lo que pudiera implicar una millonaria multa próximamente.

¿Qué ha hecho España? Primero intentó razonablemente que los agentes sociales alcanzaran un acuerdo para modificar la legislación, pero sabía que tal acuerdo era casi imposible, pues los estibadores no iban voluntariamente a renunciar a su privilegiado status. Cabe recordar que el coste laboral de la estiba española es el más alto de la Unión Europea según el Informe Portius de 2013. Luego España dejó pasar el tiempo hasta las últimas elecciones generales y, tras la convocatoria de las nuevas elecciones, el actual Gobierno en funciones ha encontrado la excusa perfecta para seguir sin cambiar la Ley de Puertos.

¿Por qué ningún Gobierno ha modificado la Ley de Puertos en el sentido indicado? ¿Por qué el cambio lo impone la UE? Pues porque ningún Gobierno quiere asumir el coste político de enfrentarse a un casi seguro bloqueo de los puertos, y menos en época electoral. Todo esto parece pesar más que el propio Estado de Derecho y la obligación de cumplir las sentencias.