Fin a la discriminación de los no residentes en ISD
El pasado 3 de septiembre el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia en un recurso dirigido por la Comisión Europea contra España por considerar que las normas fiscales españolas sobre sucesiones y donaciones discriminan a los no residentes en nuestro país. Así, el Tribunal ha sentenciado que la normativa española afecta a la libre circulación de capitales al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y sucesiones cuando una de la partes implicadas es una persona no residente en España.
¿Pero por qué se produce actualmente esta discriminación? En España hay una Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones común a nivel estatal. No obstante, las Comunidades Autónomas en uso de sus competencias normativas han introducido importantes bonificaciones y reducciones que han reducido considerablemente el impuesto a pagar respecto la normativa común. Estas reducciones no resultan aplicables en aquellos casos donde una de las partes implicadas en la herencia sea un no residente, rigiéndose en estos casos la sucesión por la normativa común, y ahí es donde aparece la discriminación. Así, por una misma herencia de un padre residente en Madrid, el hermano residente en España aplicaría una bonificación del 99% de la cuota resultante del Impuesto sobre Sucesiones, mientras que el heredero no residente estaría sometido a la plena tributación del impuesto.
Esta discriminación también se produce en el caso de donaciones de residentes a favor de no residentes en España, así como en el caso de donaciones entre residentes en España de inmuebles situados en el extranjero.
Esta sentencia abre la posibilidad de instar un procedimiento para todos aquellos contribuyentes perjudicados que hubieran presentado declaraciones del Impuesto sobre Sucesiones y/o Donaciones en los últimos cuatro años, permitiéndoles solicitar la devolución de los impuestos indebidamente ingresados en España. Entendemos que esta solicitud podría conseguirse también respecto aquellas declaraciones presentadas con anterioridad, y por tanto ya prescritas, instando la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Asimismo, esta sentencia ya ha impactado en la actual reforma tributaria que está tramitando el gobierno, mediante una enmienda presentada por el Partido Popular en el Congreso, que propone equiparar la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones de los residentes en un Estado Miembro de la Unión Europea o el del Espacio Económico Europeo, permitiéndoles la aplicación de las reducciones y bonificaciones establecidas por las Comunidades Autónomas. La reforma propuesta incluso va más allá de la Sentencia y también prevé que se evite la discriminación para los no residentes que tributan por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.