Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del sistema tributario español: horizontes en materia de IVA
El pasado 21 de marzo se hizo público el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario español. Evidentemente, el breve espacio del que disponemos no permite abordar, ni tan siquiera de manera escueta, el conjunto de propuestas que afectan a los principales impuestos de nuestro sistema fiscal. Si queremos, en cambio, centrarnos en una de las directrices más claras que se recoge en dicho informe. Nos estamos refiriendo al incremento de la imposición indirecta, y, en particular, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La Comisión constata en su informe que España es el país de la UE en el que la imposición sobre el consumo tiene un menor peso sobre el PIB, destacando que el tipo impositivo implícito sobre el consumo en España fue del 14% en el 2011 frente al 21,5% de media en la Unión Europea. Ciertamente, el último incremento y modificación de la estructura de los tipos impositivos del IVA habrá estrechado dicha brecha, pero aun así, continuará siendo significativa.
Las razones de ello descansan en las exenciones (la mayor parte de ellos impuestas por las normativa comunitaria), la presunta generosidad en la aplicación de los tipos reducidos y la evasión fiscal. Por ello, la Comisión, en línea con las recomendaciones formuladas insistentemente por muchas instituciones internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea), propone una revisión de los productos y servicios a los que aplicar los tipos reducidos así como un par de medidas para reducir el fraude fiscal.
Respecto de la primera, la relativa a los tipos reducidos, la propuesta de los expertos es ciertamente atrevida. Proponen que se mantenga el 4% a los bienes y servicios actuales pero en cambio sólo quedarían gravados al tipo reducido del 10% las entregas de viviendas (a cambio se incrementaría la tributación de la propiedad en el IRPF), los servicios relacionados de hostelería, dado el importante peso del turismo en nuestro país, y los servicios de transporte público, en atención a los efectos positivos para el conjunto de la sociedad (menor contaminación y congestión de grandes urbes).
Por tanto, pasarían a tributar al tipo general bienes tan básicos como el agua y gran parte de los alimentos (el pan, leche, huevos, quesos, frutas, cereales, hortalizas, legumbres, tubérculos continuarían gravados al 4%) así como servicios tales como la recogida de residuos o la limpieza de las vías públicas. El incremento de costes que esto último supondrá para los entes locales encargados de la prestación de dichos servicios públicos implicará, muy probablemente, un incremento de los impuestos y tasas que financian dichos servicios.
Evidentemente, parece desaparecer cualquier esperanza de recuperar el tipo reducido para los servicios culturales tales como el cine o el teatro.
En relación con la reducción del fraude fiscal, las propuestas son la reducción de los límites cuantitativos para aplicar el régimen simplificado y la eliminación del recargo de equivalencia.
Debemos señalar que, en nuestra opinión, estas propuestas, a diferencia de otras recogidas en el Informe, tienen muchas probabilidades de ser traducidas en cambios normativos. El potencial recaudatorio, la comparativa con nuestro entorno y las insistentes recomendaciones de los organismos internacionales no invitan a pensar lo contrario.