La Unión Europea aprueba dos nuevas Directivas sobre gestión y reciclaje de residuos
Se ha publicado en el DOUE la aprobación de dos nuevas Directivas que modifican la normativa comunitaria en materia de residuos y de envases y residuos de envases. Se trata de un paquete de medidas sobre residuos destinado a intensificar el reciclaje y la reutilización de los mismos mediante el establecimiento de objetivos vinculantes para los Estados Miembros.
La Unión Europea continúa apostando por aumentar el nivel de protección del medio ambiente y fomentar la economía circular, como muestra la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos y de la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
Estas nuevas normas tienen como propósito prevenir la creación de residuos, así como fomentar la reutilización y el reciclaje de mismos, garantizando un uso más sostenible de los recursos y un nivel mayor de protección del medio ambiente y de la salud humana.
Con este fin, se establecen objetivos vinculantes para los Estados Miembros, que deberán establecer las medidas pertinentes y los incentivos necesarios para asegurar que a finales del año 2025 se recicle un mínimo del 65% de residuos de envases, alcanzando un objetivo de reciclado del 70% de los envases en 2030.
En relación con los residuos municipales, que suponen entre un 7% y un 10% de los residuos totales generados en la Unión Europea, y dado que se trata de uno de los flujos de residuos más complejos de gestionar, los objetivos marcados son algo menos ambiciosos, previéndose alcanzar un reciclado del 65% de los mismos en 2035. A este respecto, se prevén como medidas incentivadoras del reciclaje tanto instrumentos económicos (tales como tasas o sistemas de pago por generación de residuos “pay-as-you-throw”) como otra clase de medidas como la contratación pública sostenible, el uso de las mejoras técnicas disponibles o el apoyo en investigación e innovación en tecnologías de reciclado y refabricación.
El plazo del que disponen los Estados Miembros para trasponer estas normas y poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas Directivas finalizará el 5 de julio de 2020.
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