Mi abogado es un robot

Nadie (sic) pensó que, un día, las notificaciones judiciales llegaran por ordenador. Nadie (sic) intuyó que los voluminosos tomos de doctrina jurisprudencial, en los que se buscaban los ansiados precedentes favorables, se verían sustituidos por una búsqueda mecánica e informatizada. Nadie (sic) admitiría que su abogado fuera un robot.

Bueno, quizá Fritz Lang en Metrópolis(1927) intuyó el poder que la inteligencia artificial podía llegar a alcanzar en una sociedad, incluso en la intermediación y solución de sus conflictos.

Sin embargo, en un oficio como el de abogado, la penetración de la tecnología siempre encuentra importantes cortapisas amparadas, sobretodo, en el núcleo esencial que cimenta la relación del profesional del derecho con su representado: la confianza. Con todo, y como ya se cuestionaba el presidente de la prestigiosa Law Society, Jonathan Smithers, en un artículo de junio de 2016, no parece descabellado que, en el futuro, se plantee la posibilidad de que, de un modo u otro, la evidente integración de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial desembarquen en el mundo del ejercicio de la profesión de la abogacía. La respuesta sostenida por Smithers es negativa en cuanto a la sustitución de la figura del letrado por cualquier tipo de herramienta, apelando a la incapacidad de esta última de desarrollar argumentos creativos, su limitada habilidad en materia de interpretación de datos y, lo que quizá sea más importante, su nula observancia de responsabilidades morales y éticas, unido a la desconfianza que puede surgir en el ser humano al fiar su suerte al dictamen o decisión de una máquina.

Sea como fuere, y siendo palpable que la inteligencia artificial ha venido para quedarse entre nosotros, Smithers entiende ineludible la necesaria colaboración entre el profesional del derecho y lo srobots, siguiendo la senda abierta por otras disciplinas, como la de la medicina.

Sin embargo, existen visiones menos complacientes que la esgrimida por Smithers. Un interesante artículo aparecido en la revista Quarz explica cómo determinadas actividades jurídicas están siendo ya asumidas, directamente, por robots. Se trata de las funciones de análisis tecnológico asistido (TAR, en inglés, acrónimo de technology assisted review) que, en la práctica, suponen que el estudio y evaluación de documentos que puedan ser relevantes para las diferentes actividades jurídicas (preparación de un caso, invocación de precedentes judiciales, etcétera) sean desarrollados por sistemas y programas informáticos previamente instruidos en los criterios de selección y búsqueda de las cuestiones cruciales, por la vía de la configuración de algoritmos.

Nuevamente, la utilidad de esta tarea verificada por la inteligencia artificial se encuentra en discusión, esencialmente porque, aunque se reconoce su indudable exactitud, rapidez y menor coste, se entiende que sus resultados pueden adolecer de imperfección por carecer del contexto que solo la experiencia y la sensibilidad humana pueden otorgar.

Sin embargo, conviene acudir a la opinión arrojada por los propios profesionales del sector. En una encuesta realizada entre 320 firmas con, al menos, 50 abogados, los datos no dejan de resultar llamativos. Cuestionados sobre si ven factible la sustitución de sus profesionales por un sistema de inteligencia artificial, las respuestas revelan que el núcleo más afectado por la “invasión” serían los paralegals (47%) y los asociados de primer año (35%). Curiosamente, el colectivo menos afectado se encontraría entre los asociados de entre cuatro y seis años (6,4%), una cifra más baja que la de los service partners (aquellos que no alcanzan la condición de equity partners y a los que se otorga un 13,5%) o los asociados de entre dos y tres años (19,2%).

Aunque la implantación de la inteligencia artificial no se prevé que sea inmediata, sin duda sí se debe estar muy atento a su avance. Con todo, un 38% de los encuestados no consideran que dicha suplantación pueda darse entre los próximos cinco o diez años, lo cual puede ser un plazo demasiado largo en el ámbito de la tecnología, y un 20,3% de irreductibles afirman que jamás se llevará a cabo.

Interrogados o no, los profesionales del derecho no pueden eludir el análisis de la adaptación a un medio en el que, cada vez más, se requiere un uso y dominio de las nuevas tecnologías y en el que, a buen seguro, resulta más procedente que sean las máquinas (correcta y adecuadamente supervisadas) las que acometan ciertas funciones de índole subalterno.

En todo caso, nadie (sic) se hace a la idea de que sus intereses vayan a ser defendidos, en un futuro próximo, por un abogado “robot”. Además, Fritz Lang ya no está para poner en tela de juicio nuestra convicción.