Newsletter Fiscal - Julio 2015

La Sentencia se refiere a la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades y admite que un bien que solo deja de estar afecto a la actividad por cambios posteriores en el planeamiento urbanístico, no pierde su condición de inmovilizado, pudiéndose, por tanto, aplicar por su venta la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. No obstante, la Sentencia afirma que sólo podían beneficiarse de aquella deducción los bienes afectos a la actividad principal y no los que lo estuvieran a una actividad residual. 

 

Dicho ello, donde la Sentencia resulta de gran interés es en la conexión que hace con la doctrina del valor de la confianza legítima y los actos propios de la Administración. Aunque acepta que los bienes en cuestión estaban afectos a una actividad agraria, que no era la principal de la compañía, da relevancia al hecho de que la Administración había realizado comprobaciones en ejercicios anteriores de la misma entidad admitiendo la aplicación de la deducción en casos muy semejantes. Es más, la entidad había acogido estos elementos a la actualización de balances prevista en el Real Decreto-ley 7/1996, siendo admitida esta decisión por la Administración. 

 

Conforme a ello, el Tribunal concluye que la Administración no podía seguir un criterio distinto al asumido inicialmente con base en la doctrina de los actos propios y en el necesario respeto al principio de seguridad jurídica. Esta es la única solución posible, según el Tribunal, como ya había defendido en sentencias anteriores, como las de 4 de noviembre de 2013 y 6 de marzo de 2014. 

 

El Tribunal subraya además que en la tensión entre legalidad y seguridad prevalece ésta cuando, mediante actos inequívocos anteriores, manifestados de forma expresa, tácita o implícita, la Administración adopta una determinada decisión de la que, después, de una manera u otra, se desdice en el acto impugnado.