Nueva regulación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En el BOE del pasado 21 de febrero se publicó el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (“RD RAEE”). Según establece la Disposición final cuarta del RD RAEE, esta nueva regulación entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, debe destacarse que esta norma tiene naturaleza de legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13 y 23 de la Constitución, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y deroga el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (Disposición final primera, Disposición final segunda y Disposición derogatoria única del RD RAEE).

Esta regulación tiene como objetivos, entre otros, contribuir a la producción y consumo sostenibles mediante la prevención de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (“RAEE”) y el fomento de las técnicas de tratamiento como la preparación para la reutilización.

Desde una perspectiva sustantiva las innovaciones más relevantes del RD RAEE serían la incorporación de los distribuidores como elemento clave de la recogida de RAEE, la regulación de los requisitos técnicos homogéneos a exigir a las instalaciones de tratamiento de residuos en todo el territorio nacional, la unificación de criterios para la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, la modificación de las categorías de los aparatos eléctricos y electrónicos  (se pasa de 10 a 7 categorías), la imposición a los grandes distribuidores con zona de ventas superior a 400 metros cuadrados de la obligación de recoger RAEE muy pequeños, la distinción entre aparato eléctrico y electrónico usado y RAEE, la previsión de entrega de los aparatos usados por los usuarios a los comercios de segunda mano y el desarrollo y concreción de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor.