Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación con cargo al ejercicio presupuestario 2014

Son objeto de subvención en la presente convocatoria los planes de formación (tanto intersectoriales, como específicos de la economía social, dirigidos a trabajadores autónomos, sectoriales y los vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad). En todos estos casos, podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de planes, de ámbito estatal, las organizaciones y asociaciones (empresariales, sindicales, de la economía social) correspondientes, así como los centros de formación.

Al margen del contenido de la norma, destinado principalmente a las entidades referidas, la principal novedad se contiene en la Exposición de Motivos donde se anticipa, pendiente de aprobación futura, que el pasado 29 de julio de 2014 se alcanzó un acuerdo de propuestas para la negociación tripartita entre el Gobierno y los interlocutores sociales, adquiriéndose el compromiso de crear un nuevo modelo de formación profesional para el empleo que entraría en vigor el 1 de enero de 2015 y que pretende obtener un sistema más eficiente de los recursos públicos, sometido a principios de concurrencia, objetividad y publicidad, transparencia en todo el sistema, rendición de cuentas y evaluación permanente. Por ello, la convocatoria del año 2014 será la última de un escenario de transición hacia un modelo de formación en el que la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterá a la libre concurrencia competitiva de las entidades que cumplan con los requisitos para su impartición.

Además, como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude, está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya la prohibición para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración Pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo.

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