Smart Cities

El poderoso concepto de ciudad inteligente no solo tiene implicaciones desde el punto de vista técnico y de gestión pública, sino que representa retos importantes en el ámbito legal.

Como se sabe, desde hace algunos años se viene perfeccionando y aplicando la idea de ciudad inteligente en la gestión público privada de grandes urbes, buscando hacer mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental y social de las políticas públicas de la ciudad y en el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. El planteamiento central de la ciudad inteligente se elabora a partir de la más fuerte utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer una gestión más integral y eficiente de los recursos que se proveen a la ciudad. Este se orienta también hacia una relación más armónica y balanceada de la infraestructura y los servicios que se prestan con el bienestar de los residentes y usuarios.

En la práctica, la ciudad inteligente del futuro tendrá que contar con un nodo centralizado de operaciones basado en alta tecnología que permita cruzar la información en tiempo real y eslabonar la gestión de los servicios esenciales que se prestan (basuras, acueducto, energía, telefonía, seguridad, transporte, alumbrado, salud, control de tráfico, etc.), así como otros servicios complementarios (entretenimiento, parqueaderos), de forma que con la big data que se obtiene y con el manejo de plataformas inteligentes, se haga un uso más eficiente de los recursos, adaptando minuto a minuto la gestión estatal a las novedades que va mostrando la ciudad.

Así, la administración pública ahorra recursos económicos y, más importante, se generan beneficios para la comunidad, como aumento de la disponibilidad de recursos y servicios esenciales, aumento de la disponibilidad de información que facilita el consumo responsable, optimización del uso del espacio público, reducción de desplazamientos innecesarios, ahorros de tiempo en transporte público, aprovechamiento de residuos, disminución de desperdicios de energía y de otros recursos, aumento de tiempo libre para el entretenimiento y en general, mejoramiento de la calidad de vida.

La concepción de las Smart Cities genera importantes impactos desde el punto de vista jurídico, pues toda la gestión contractual tendría que ser concebida de forma muy diferente. En efecto, típicamente las ciudades gestionan la prestación de los servicios públicos y, en general, de toda la oferta hacia sus habitantes, con base en contratos bilaterales con cada uno de los concesionarios o proveedores, contratos que no tienen ninguna relación entre sí.

A la hora de implantar el modelo de ciudad inteligente, el gobierno local de turno tendrá el reto de usar las normas de contratación pública y de alianzas público privadas de manera innovadora para lograr armonizar jurídicamente los diferentes contratos que rigen esas relaciones y sujetarlos a un vehículo jurídico matriz que permita y obligue la gestión integrada y le de base al flujo de información y a la utilización homogénea de la tecnología. No parece fácil acometer el reto de darle vida a este nuevo modelo de gestión pública con las leyes tradicionales de la contratación administrativa. Sin embargo, la experiencia de ciudades como Barcelona o Nueva York indica que es factible diseñar el modelo y ponerlo en marcha sin realizar grandes modificaciones al régimen contractual establecido.

Adicionalmente, aparte de la contratación, este modelo tendrá impacto en otros frentes como protección de datos, derecho de los consumidores, competencia, servicios públicos y otros campos regulatorios.