El Tribunal General de la UE confirma la existencia de ayudas de Estado en el sistema español del 'tax lease'
Alerta Tributario España
En su sentencia, el tribunal desestima los recursos planteados por el Reino de España, por un lado, y Lico Leasing y PYMAR (asociación de astilleros), por otro, contra la Decisión de la Comisión Europea de 2013 que consideraba que las ventajas fiscales inherentes al llamado Sistema Español de Arrendamiento Fiscal para la construcción de buques (SEAF o tax lease) eran unas ayudas de estado ilegales.
Para ello, el Tribunal General se basa fundamentalmente en la discrecionalidad de las autorizaciones administrativas para la aplicación del régimen, que potencialmente podrían haber discriminado a otros operadores en situación comparable. El tribunal rechaza, además, que en los ejercicios afectados por las órdenes de recuperación (que cubren desde abril de 2007 hasta la adopción de la Decisión), los beneficiarios pudieran verse amparados por los principios de seguridad jurídica o confianza legítima. Sin embargo, no se pronuncia –al no ser objeto de este litigio- sobre la identidad de los verdaderos beneficiarios de la ayuda, limitándose a confirmar que con arreglo a la lógica de la decisión impugnada (que considera que los inversores en las AIEs que facilitaban la construcción de los buques eran los únicos beneficiarios, excluyendo a navieras y astilleros) es correcto que la recuperación sólo se les exija a dichos beneficiarios.
Esta sentencia no representa el final de este procedimiento ya que, por un lado, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro, no se han resuelto aún los recursos de anulación planteados por los inversores en los que estos niegan, esencialmente, su condición de únicos beneficiarios del SEAF
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