Últimos días para la amnistía fiscal
En este mes de noviembre se acaba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal aprobada allá por el mes de marzo por el Gobierno y que ha sido motivo de un polémico debate desde entonces.
Recordemos que este proceso permitirá aflorar dinero procedente de rentas ocultadas a la Hacienda Pública, previo pago, en principio, de un modesto tipo del 10% del importe, si la operación generadora de la rentas se efectuó hace menos de cuatro años. Si es más no se paga nada por haber prescrito la ocultación de renta, y sólo se aplicaría el porcentaje del 10% a los intereses obtenidos en esos últimos cuatro años.
No hay que olvidar las razones que han impulsado al Gobierno a adoptar esta medida tan generosa. Aunque desde un punto de vista ético, político y social, la amnistía fiscal pudiera ser absolutamente injustificable y el mensaje que le llega al español medio que ha cumplido fielmente con Hacienda, es que el insolidario defraudador que ha estado ocultando ingresos durante muchos años puede purgar sus culpas a un módico importe, que en muchos casos no llegará a ese 10%, los difíciles momentos que atraviesa nuestra economía y el propio Tesoro Público, aconsejan allanar el camino a una importante inyección de liquidez al circuito financiero y a la propia Hacienda. Se trata de una medida excepcional ante una situación excepcional. Nos tapamos los ojos y que el defraudador nos ayude a salir de la crisis. No podemos olvidar que en otros países de la Unión Europea se han llevado a cabo procesos de regularización fiscal de este tipo.
El objetivo inicial era el afloramiento de 25.000 millones de euros y una nada desdeñable recaudación tributaria de 2.500 millones, si se cumpliera el objetivo indicado.
A pesar de que hasta ahora los resultados han sido escasos, la sensación es que se va a producir una avalancha de declaraciones en este mes. Si bien se espera una afloración de cuantía muy relevante, cumpliéndose uno de los objetivos, la inyección de liquidez en el sistema financiero, no parece que el objetivo recaudatorio vaya a ser un éxito, pues la mayoría de los capitales ocultos parece que tienen procedencia muy superior a los cuatro años necesarios para ganar la prescripción.
La costumbre tan española de dejarlo todo para el último día, sobre todo si hay que pagar, no ha sido la causa principal que ha motivado que el acogimiento a la medida se produzca de forma tan tardía.
El Gobierno ha seguido la táctica del palo y la zanahoria, más bien al revés. Primero ha mostrado la zanahoria. Sin dar la seguridad jurídica reclamada hasta la saciedad por las asociaciones de asesores fiscales, está tratando de ofrecer su cara más amable, manifestando en diversos foros que no habrá ningún tipo de represalia posterior para quien regularice, afirmando que habrá confidencialidad, y negando la posibilidad de que se elabore lista alguna que sirva de objetivo prioritario para Hacienda.
El palo es que el Gobierno está muy confiado en el éxito de la regularización transmitiendo dos mensajes muy claros.
En primer lugar, la mayor dificultad que se encontrarán los defraudadores en el futuro para seguir ocultando rentas. Cada vez Hacienda tiene más información, de manera que, por un lado, se van a reducir los mecanismos de fraude, estrechándose notablemente el cerco contra el defraudador y, por otro lado, se van reduciendo a la mínima expresión los refugios tradicionales para ocultar el dinero procedente del fraude. Y ambas cosas son ciertas. Poco se puede escapar ya al control de la Agencia Tributaria y la presión internacional está acabando con la opacidad de los paraísos o semiparaísos fiscales, como por ejemplo, Andorra y Suiza, por citar los más conocidos.
El otro mensaje, plasmado principalmente en la recientemente aprobada Ley de Prevención del Fraude, es el endurecimiento anunciado del régimen sancionador administrativo y penal. Efectivamente, los delitos fiscales prescribirán a los diez años, en lugar de a los cinco actuales y, lo más importante, las rentas ocultas en el extranjero no prescribirán nunca.
La comparativa es clara, regularizar ahora por un 10%, menos incluso si entra en juego la prescripción afecta, o el riesgo de que sean descubiertas las rentas ocultas, que podría conllevar al pago a Hacienda de una cantidad superior a su importe, si se suman los intereses y multas, sin perjuicio de la pena de prisión para los casos más graves.
En definitiva, la decisión de acogerse a la amnistía fiscal vendrá determinada por elementos constatables, la inmejorable ocasión por el escaso coste y el miedo a lo que venga después si se opta por no aflorar bienes ocultos. Pero no debe olvidarse que debe existir un componente menos tangible, un cierto acto de fe, debido a la ausencia de seguridad jurídica total en este singular proceso.