Un 2015 sin reformas laborales
Parece que sí. Por una parte da la sensación de que el impulso reformista de los actuales gobernantes se está agotando, si no a pasado ya, definitivamente, a la historia. Por otra, el año electoral, va a propiciar, sobre todo, medidas tendentes a la recuperación de voluntades ciudadanas, buscando la ampliación de la protección social, como ponen de manifiesto los acuerdos para establecer el nuevo subsidio para parados de larga duración, o la anunciada disminución de las jornadas requeridas para la percepción del subsidio agrario. Y, además, el crecimiento del empleo y el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, aunque tímidos, permiten confiar (probablemente de manera equivocada, pero esa es otra cuestión) en que la recuperación está en marcha, y que con la ayuda de factores externos (particularmente la caída del precio del petróleo) el PIB crecerá más de lo previsto y con él la ocupación, lo que permitirá tambén comenzar a reducir los elevados niveles de desempleo.
Pero esta previsible ausencia de reformas no significa que las relaciones laborales puedan escapar al proceso de cambio permanente en el que se encuentran, desde hace tiempo, sumidas. La tensión, en ese sentido, en el seno de las mismas, habrá de mantenerse y la actitud que al respecto mantengan los agentes sociales será determinante para el funcionamiento del mercado de trabajo y para la mejora del empleo.
¿Cuál debería ser esa actitud? En primer lugar, la apuesta por el empleo y por la productividad. Seguir apostando por el ajuste de costes salariales no tiene sentido y habrá que dar paso a mejoras retributivas que, eso sí, deberían estar cubiertas por incrementos de la productividad y deberían tener su ámbito de ejecución fundamental en las empresas. Para ese incremento de la productividad debe profundizarse en la apuesta por la adaptabilidad de las relaciones laborales, haciendo de los instrumentos de flexibilidad interna una clave fundamental para su gestión. Queda mucho por avanzar, en materia de tiempo de trabajo (de su ordenación irregular y de su gestión flexible) y de movilidad y polivalencia funcional sobre todo. El compromiso sindical debe ser claro al respecto, eludiendo las tentaciones de vuelta a un pasado en el que la rigidez de las condiciones laborales y su insensibilidad ante los cambios organizativos y productivos de las empresas constituían, muchas veces, la enseña de la lucha sindical.
La negociación colectiva, en ese contexto, ha de ser capaz de romper moldes. Primero, con una convivencia más dinámica entre los distintos niveles de negociación. Segundo, con una apuesta decidida por la modernización de los contenidos convencionales: por poner un ejemplo actual, la configuración clásica de la media hora "del bocadillo", ha dejado muy probablemente de tener sentido. Si eso se reconoce no parece lógico pretender que dicha configuración cambie solo para los nuevos trabajadores contratados, manteniendo las situaciones precedentes para los trabajadores que las venían disfrutando. Una cosa que llama poderosamente la atención de nuestras relaciones laborales, es que cuando en los procesos de negociación o de revisión de determinadas regulaciones, se llega al convencimiento (se consigue convencer a los sindicatos) de la necesidad de cambiarlas, la propuesta sindical es invariablemente que se cambien para los nuevos trabajadores, pero que los derechos adquiridos no se tocan. Ante lo que los tribunales reaccionan muchas veces anulando la modificación, como ha sucedido en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que no acepta, por discriminatoria, la supresión solo para los nuevos trabajadores de la pausa para el desayuno.
Y tercero, haciendo del incremento de la productividad y de la eficiencia de la empresa el objetivo fundamental, compartido, de los gestores y de las representaciones laborales. Solo así puede garantizarse un empleo de calidad y una mejora continua de las condiciones de trabajo y de los niveles salariales.
Junto a todo eso, y desde el punto de vista de las políticas legislativas, asumiendo la paralización por motivos electorales de reformas incisivas, debería aprovecharse la ocasión para, con el necesario consenso entre las distintas fuerzas políticas, correguir al menos algunos de los numerosos y graves defectos técnicos de nuestra normativa laboral. Esa tarea técnica evitaría los grandes debates de fondo y redundaría en una mejora significativa de nuestras relaciones laborales, acuciadas, por si no tuvieran bastantes problemas, por una mala regulación.
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