Un informe con proposiciones valientes, algunas agresivas y otras poco ambiciosas

El Informe destila el enorme esfuerzo realizado y grandes dosis de lógica en su articulación. Los fundamentos son difíciles de discutir: La recaudación, medida por el ratio de ingresos públicos entre el PIB se ha reducido en España durante la crisis hasta quedarse entre los más bajos de la Unión Europea; el peso de la imposición indirecta cae frente a la directa y, sobre todo, frente a las cotizaciones sociales; nuestros tipos nominales son de los más altos de los países desarrollados, pero abundan los beneficios fiscales con baja efectividad en cuanto a su finalidad de política tributaria.

Los objetivos del informe son también claros: Inicialmente, proceder a la reforma de las principales figuras impositivas para contribuir a la consolidación fiscal, la mejora de la competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo, buscando la neutralidad desde el punto de vista recaudatorio, para posteriormente reducir las cotizaciones sociales y elevar la imposición indirecta (lo que se denomina el proceso de “devaluación fiscal”). Y, sin embargo, la Propuesta número 107 del Informe propone la supresión de los límites a las bases de cotización y su sustitución por los rendimientos percibidos como retribución por el trabajo. No parece que esta medida persiga una bajada de las cotizaciones sociales, sino más bien todo lo contrario, y ello aunque se mencione a continuación que dicha medida permitiría bajar los tipos de cotización, igualando la recaudación total (pero, por supuesto, no la individual).

Valiente y elogiable es la reflexión general de que el fraude se combate con medidas preventivas y no solo represivas y, por tanto, que es esencial mantener un sistema tributario con tipos bajos, dotado de medios suficientes para desincentivar el fraude y que no incluya sistemas “indiciarios” de tributación, como el régimen de módulos del IRPF o el recargo de equivalencia del IVA.

Era imprescindible la mención a la unidad de mercado y a la “excesiva descentralización de los ingresos tributarios”, proponiendo medidas como el control ex ante de la creación de impuestos por parte de las Comunidades Autónomas. Nos parece elogiable insistir en la desaparición definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio y en una reducción drástica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con tipos máximos del 11%.

Por lo que se refiere a las medidas concretas en la imposición directa, conviene destacar algunas que resultan llamativas:

• La rebaja de tipos en el IRPF parece poco ambiciosa, aunque está pendiente de concretar. El leve guiño a la familia con hijos menores de 3 años es insuficiente para el fomento de la familia y de la natalidad que se había anunciado. Sin embargo, el régimen de los residentes no domiciliados previsto en la propuesta número 32 debe ser aplaudido, especialmente teniendo en cuenta el éxito que ha tenido en países de nuestro entorno como el Reino Unido o Portugal. Es destacable también, en el ámbito del IRPF, la propuesta de mantenimiento del impuesto dual, con un tipo de tributación del ahorro cercano al del primer tramo de la parte general, y sin hacer distinciones entre ahorro financiero y no financiero.

La propuesta de un “macro-IBI” que reduzca la tributación inmobiliaria asociada a la transmisión de este tipo de patrimonio y la concentre en la de tenencia de aquel parece lejana aún, aunque es original y sensata, aunque las medidas “transitorias” de hacer tributar la vivienda habitual en el IRPF suprimiendo definitivamente (aunque en un período dilatado) la deducción por la adquisición de vivienda, no parece que sean las más convenientes en este momento.

• En el Impuesto sobre Sociedades, como ya se había anunciado, se propone una bajada de tipos (con solución transitoria para la problemática de los impuestos diferidos de activo), la ampliación de las bases (limitando la deducibilidad de gastos financieros mediante la aplicación de un ratio sobre activos, manteniendo la limitación que se defendió “transitoria”, del 70% en los tipos de amortización) y la supresión de deducciones y bonificaciones (aunque sorprende a todos la eliminación de la deducción por I+D+i).

Por lo demás, castigar a las entidades sin ánimo de lucro con una subida de tipos parece agresivo, mientras que la propuesta de supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre los Depósitos es acertada, aunque difícil de poner en práctica si la recaudación no lo permite.

En cualquier caso, como dijo el Ministro Montoro, “ahora la pelota está en el tejado del Gobierno”, por lo que tendremos que esperar unos meses aún para ver cuáles de las propuestas del Informe son finalmente adoptadas. Confiemos en que sean las mejores para nuestra economía.