Un proyecto de ley para Canarias

La situación estratégica y la capacidad productiva del suelo de Canarias fueron muy apreciadas a finales del siglo XVIII por las flotas mercantes y por las marinas de guerra europeas que utilizaron el puerto de Santa Cruz de Tenerife para el aprovisionamiento de sus barcos. Qué duda cabe, que sin estas facilidades era imposible consolidar la expansión de su imperio, en el caso británico.

Tanta relevancia tenía dicho abastecimiento que, en ocasiones, afectaba al limitado mercado local y algunas veces se impedía por influir directamente en sus precios. Hechos como estos sucedían cuando se demandaba ganado vacuno para esas naves obligando a las autoridades a intervenir para limitar tanta “exportación”. También destacaba el suministro de vinos, que por su apreciado comportamiento en los largos viajes a vela, venía a ser un “combustible” esencial para las tripulaciones y pasajeros. Pero, ¿por qué es relevante esta breve introducción?, precisamente por exponer gráficamente las limitaciones de nuestro territorio y la productividad que del mismo se extrae.

En la actualidad se está tramitando por el Gobierno de Canarias un proyecto de ley vital para todo el archipiélago, que afecta directamente al interés general y al derecho de propiedad del suelo, delimitando su contenido, uso y destino.

La propia exposición de motivos del Proyecto de Ley del Suelo es muy crítica con la situación normativa actual. La llega a calificar como una limitación que va mucho más allá de lo necesario, con contradicciones e insuficiencias, que, en ocasiones, se transforma en obstáculos, no siempre explicables, que dificultan, o incluso impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio. Al mismo tiempo se establece como objetivo facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos, y mantener la protección de los espacios y suelos más valiosos de las islas, de forma que la regulación se acerque a la realidad insular.

No hay nada mejor para entender esa realidad insular como conocer la vida y valores de las personas que la habitan y las características de nuestro territorio, en el que se cultiva en zonas de grandes desniveles y las medianías representan una parte importante de la producción destinada al consumo interno, que se pretende potenciar.

Un ejemplo es el caso de Bodegas El Penitente, ubicada en las medianías del Valle de La Orotava, que recientemente ha obtenido el Premio Alimentos de España al Mejor Vino 2016, concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, por el Arautava Blanco Dulce Gran Reserva 2002.

El bodeguero que hay detrás es don Américo García Núñez, que es hijo de quien era conocido como don Casiano de Aguamansa, que fue “un hombre que trabajó y luchó para que los vecinos de este barrio vivieran mejor”, según consta en una placa colocada en Aguamansa. Esas cualidades influyeron en su hijo que participó activamente desde la adolescencia en acciones necesarias para el desarrollo de la comunidad.

Don Américo, tras iniciarse en el sector de la construcción y trabajar cuando surgía la oportunidad, creó, junto a uno de sus hermanos, la sociedad Hermanos García Núñez, S.A. Una empresa que fue referencia en el norte de Tenerife, llegando a vivir de su actividad, en algunos periodos, hasta doscientas cincuenta familias.

En 18 años de existencia Bodegas El Penitente ha obtenido más de 70 premios locales, nacionales e internacionales, por lo que no es casualidad que haya sido galardonada con el Mejor Vino de España en el año 2016. Esto supone una gran contribución para un sector agrícola, el cultivo de la vid y de la producción de vino, que desarrolla un papel cultural, económico, paisajístico y medioambiental muy importante en Canarias, y que ayuda a la existencia de un entorno atractivo para los que habitamos las islas y para los que las visitan.

Esta breve semblanza en la que conviven elementos con distintas afecciones sobre el territorio, como son el necesario desarrollo de la comunidad y la actividad agrícola, sirve para poner de manifiesto la necesidad de buscar ese equilibrio entre el desarrollo social, económico y el de conservación medioambiental respondiendo a las necesidades actuales.

El sector primario de Canarias, sin perjuicio de otras pretensiones, ha valorado de forma positiva diversos aspectos que recoge el Proyecto de Ley que se está tramitando, entre los que destaca: la simplificación administrativa y legislativa; la supresión de la necesidad de la obtención de las calificaciones territoriales; la no necesidad de solicitar permisos para las labores de mantenimiento o conservación; la aceptación como actividades susceptibles de desarrollar en el suelo rústico de un gran número de actividades que se califican como usos ordinarios (agrícola, ganadero, forestal, piscícola, pastoreo, extractivo y de infraestructuras); la regularización de numerosos usos calificados como complementarios pero de alta importancia para el sector, como pueden ser la compatibilización de ciertas actividades turísticas complementarias como las visitas a las bodegas o las ventas de productos agrarios en la explotación, es decir, cualquier uso y actividad que generen una renta complementaria a la actividad ordinaria realizada en las explotaciones, sin que éste pueda ocupar más del 10% de la superficie de la explotación ni el 15% de la superficie realmente explotada. Esencial para una actividad volátil, que requiere de un gran esfuerzo y cuyo producto está expuesto a las eventuales variaciones del clima y a determinadas plagas.

La utilidad práctica de estos aspectos dependerá de que la interpretación del texto que, en su caso, se haga en el futuro, respete realmente ese espíritu de simplificar y dinamizar –insuficiente para algunos-, dado que existen remisiones internas en algunos artículos que una interpretación restrictiva lo podría dejar sin contenido, como el que se refiere a la no necesidad de solicitar permisos para las labores de mantenimiento o conservación, que lo matiza diciendo “que no sea subsumible en ninguna de las actuaciones sujetas a acto autorizatorio o a comunicación previa”.

Por otro lado, se prevé que los propios Ayuntamientos aprueben definitivamente todo su planeamiento, la práctica prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico y se introduce el principio de “compensar por conservar”.

En estos tiempos en los que el Gobierno alemán acaba de aprobar un controvertido plan de actuación para grandes crisis en el que, entre otras cosas, busca el aprovisionamiento de productos básicos, tenemos la obligación de conservar nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental, al mismo tiempo que debemos disponer de un sector primario productivo y competitivo que, al fin y al cabo, representa la despensa natural de nuestras islas y gracias al cual se abastecían los barcos en el pasado.