Una aproximación jurídica a las Smart Cities

Resulta indudable que el concepto de Smart Cities está muy presente desde hace ya algún tiempo en foros de muy diversa índole, generando análisis planteados desde diferentes perspectivas, si bien predominan los enfoques tecnológicos, económicos o propios de la implementación de políticas públicas. El objeto de este breve artículo es llamar la atención sobre la relevancia que, bajo nuestro punto de vista, debe darse a una aproximación centrada en las implicaciones jurídicas que habitualmente comporta la implementación de proyectos englobados en el concepto Smart City.

Nos estamos refiriendo, en definitiva, a la Smart City Regulation, entendida como el conjunto de normas jurídicas que deben facilitar y dar cobertura legal al desarrollo de estas iniciativas. En nuestra opinión, la preparación de los espacios público y privado –en otras palabras, la adecuada planificación urbanística y patrimonial que permita la futura ejecución de estos proyectos-, la gestión de la información –dotando al sistema de una red idónea que posibilite el flujo de los datos y su uso por diferentes agentes-, y el ejercicio de las competencias públicas sobre el espacio público –en términos de ordenación de servicios, contratación y otras actuaciones públicas-, son los tres ejes vertebradores de un entorno jurídico que debe adaptarse a las nuevas necesidades que se están planteando y convertirse en catalizador de la indudable y fructífera colaboración que en este ámbito debe generarse entre el sector público y el sector privado.

Aspectos tales como la optimización del uso del espacio público, la regulación de las infraestructuras, el diseño óptimo de las estructuras contractuales administrativas y la introducción de elementos que promuevan la innovación, concurrencia y financiación, la operatividad de las TIC, la organización administrativa, la colaboración entre Administraciones Públicas o la mejor incardinación posible de la intervención privada, son los que han de centrar la atención de los juristas en el camino hacia el establecimiento de unas bases legales, en su sentido más amplio, que impulsen y consoliden el crecimiento de un campo de actividad que, a través de la mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, favorece el desarrollo económico y social de las ciudades.