El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible plantea un nuevo modelo de movilidad y transporte

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se encuentra en tramitación, pretende implementar los objetivos de desarrollo sostenible, digitalización e innovación comprometidos por España ante la Comisión Europea.

Se trata de un proyecto ambicioso por cuanto pretende un cambio del modelo de movilidad y transporte que, junto con la sostenibilidad y la digitalización e innovación, pone el acento en el aspecto social y declara por primera vez la movilidad y el transporte como un derecho social. Apunta también un cambio en la financiación pública de las infraestructuras y los gastos en transporte y movilidad. Del mismo modo, anuncia la modificación de numerosos textos normativos como la LOTT, el Estatuto de los trabajadores, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o la Ley sobre Navegación Aérea, entre otras.

Por lo novedoso, destacamos lo siguiente del anteproyecto referido:

• La creación de una suerte de sandbox de movilidad que apuesta por los bancos de prueba para el desarrollo de proyectos de movilidad y vehículos automatizados y autónomos y logística de última milla;
• La introducción de una tasa municipal (modificando la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a disposición de los ayuntamientos para zonas de bajas emisiones;
• La reforma del Estatuto de los Trabajadores que introduce el deber de negociar planes de transporte sostenible para promover que el desplazamiento al trabajo sea sostenible y “orientados a buscar soluciones de movilidad que contemplen el impulso del transporte colectivo, la movilidad eléctrica, la movilidad activa y la movilidad compartida o colaborativa, de cara a conseguir los objetivos de calidad del aire y reducción de emisiones, así como a evitar la congestión y prevenir los accidentes en los desplazamientos al trabajo”; y
• Se prevé la digitalización del documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, regulado en la Orden FOM/2861/2012, que deberá ser necesariamente digital a partir del 1 de septiembre de 2024.