Arbitraje en 2019: demandas sobre el TCE, un nuevo código de buen gobierno y otras noticias de calado a nivel internacional

A lo largo de 2019, España ha aparecido regularmente en las noticias, normalmente relacionadas con las demandas pendientes de resolución que invocan el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por los recortes a las energías renovables (solar), que ascienden a una cifra global de 7.300 millones de dólares estadounidenses. El Estado podría salir airoso de algunas de estas demandas (en particular, de las presentadas al amparo del TCE por los inversores Baywa y RWE, Ferrostatal y el proveedor municipal de electricidad de Munich Stadtwerke München). Sin embargo, España también tiene que hacer frente a cuantiosas derrotas e indemnizaciones, y nuevas demandas como las que han presentado, de acuerdo con el TCE, la compañía suiza Prosisa AG y la holandesa Risteel Corporation BV. Se prevén más demandas similares en el futuro.

En este contexto, España aprobó en noviembre de 2019 un real decreto-ley que ofrece a los inversores incentivos económicos a los que solo pueden acceder si desisten de sus causas relativas al Tratado de la Carta de la Energía. La nueva legislación permitirá que los inversores en renovables mantengan una tasa de retorno del 7,39% durante los dos próximos períodos regulatorios, que finalizan en 2031.

En el ámbito de la UE, en febrero de 2019, los 28 Estados miembros de la Unión Europea declararon su acuerdo de rescindir los tratados bilaterales de inversión intracomunitarios (APPRIs) en cumplimiento de la sentencia Achmea. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha votado a favor de la aprobación de acuerdos de libre comercio y protección de las inversiones (IPA) entre la UE y Singapur, que sustituirán a 12 tratados bilaterales de inversión actualmente en vigor entre Estados miembros de la UE y Singapur, y contempla un sistema de tribunales de inversión que sustituiría al actual mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados previsto en dichos tratados.

Internacional

En el plano internacional, en agosto de 2019, 46 Estados firmaron la Convención de las Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (conocida como la Convención de Mediación de Singapur) en una ceremonia oficial celebrada en Singapur.  La Convención tiene por objeto facilitar la ejecución de los acuerdos transaccionales suscritos como resultado de mediación.

En noviembre de 2019, la comunidad arbitral recibió con estupefacción las noticias procedentes de Perú, donde el Tercer Juzgado de Investigación de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción dictó prisión preventiva contra 14 árbitros mientras eran investigados por la presunta aceptación de sobornos para favorecer a la constructora Odebrecht en una serie de casos que han costado al Estado peruano más de 250 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, la Sala Penal de Apelaciones estimó los recursos interpuestos por ocho de los 14 árbitros, que fueron puestos en libertad en diciembre de 2019.

En cuanto al ámbito institucional, en marzo de 2019 se publicó el borrador de la guía sobre protección de datos en el arbitraje internacional, creada por un grupo de trabajo conjunto del International Council for Commercial Arbitration (ICCA) y la International Bar Association (IBA), que ha tenido un amplio eco. 

En el mes de junio de 2019, el Club Español de Arbitraje (CEA) publicó y presentó el Código de Buenas Prácticas Arbitrales, cuya finalidad es la de garantizar que los participantes en el procedimiento arbitral se atengan a principios cada vez más exigentes de independencia, imparcialidad, transparencia y conducta profesional.

También han sido tendencia en el arbitraje internacional las plataformas online para el arbitraje, como las creadas en septiembre de 2019 por la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que permiten que las partes y el tribunal arbitral compartan documentos relacionados con los casos, como, por ejemplo, comunicaciones con la SCC, órdenes procesales, alegaciones y documentos.

En octubre de 2019, los tres centros de arbitraje principales de España, la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, anunciaron la fusión de su actividad internacional para crear el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), un centro único para la administración de arbitrajes internacionales. El CIAM empezará a funcionar en 2020 y sólo administrará casos internacionales.

Análisis a fondo

Mencionar por último que estamos satisfechos con la estupenda acogida que han tenido los artículos que se han ido publicando mensualmente en la Newsletter de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues. Se incluyó, además, una nueva serie de artículos que analizaban aspectos prácticos del arbitraje internacional y que versaban sobre cuestiones tales como  ¿Por qué elegir el arbitraje para resolver un conflicto?, Elección de una institución de arbitraje:¿qué hay que tener en cuenta? o Arbitraje Administrado o No Administrado: ¿en qué se diferencia?, pero que también tocaban temas como la creación del  Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) y el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del CEA.

Algunos de los artículos más leídos trataban temas de actualidad internacional, tales como La inteligencia artificial en el arbitraje internacional: de la predicción legal a los laudos emitidos por robots, Seguro de impago de laudos arbitrales: una solución ante los riesgos asociados a la ejecución, Arbitraje de inversión y desarrollo sostenible: los conflictos en torno al medio ambiente van en aumento y El Proyecto del Tribunal Multilateral de Inversiones:¿supondrá la ‘judicialización’ del arbitraje?.

También hemos actualizado nuestras Guías de Arbitraje Internacional por países, que pueden consultarse aquí.

En la edición de febrero, volveremos a repasar las novedades y eventos de arbitraje internacional del año 2020.