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¿En qué consistirán y cómo se tramitarán las nuevas acciones colectivas en defensa de los derechos e intereses de los consumidores?

España - 

Comentario Litigación y Arbitraje España

El Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores prevé crear un procedimiento especial y promueve el uso de herramientas, como plataformas electrónicas, que permitan una tramitación más ágil y un acceso directo y sencillo para los afectados.

Próximamente, la tutela colectiva de consumidores va a experimentar una profunda transformación y mejora, como consecuencia de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y su transposición, prevista en el Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Según la directiva, las normas de transposición tenían que haberse aprobado antes del pasado 25 de diciembre de 2022 y aplicarse a partir del 25 de junio de 2023. En este sentido, el pasado 20 de diciembre el Gobierno aprobó el anteproyecto y recientemente ha publicado su contenido, que se encuentra en tramitación.  

Si bien en el ordenamiento jurídico español ya existe la posibilidad del ejercicio de acciones colectivas en materia de consumidores, tanto respecto de acciones de cesación como resarcitorias, la regulación proyectada supondrá un avance significativo en este ámbito, que previsiblemente superará las dificultades y deficiencias de la normativa actual y configurará la tutela colectiva como una auténtica tutela especial.

En concreto, se contempla la creación de un procedimiento especial cuyas normas se incorporarán como un nuevo Título IV, en el Libro IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC). Además, se prevé la utilización de herramientas acordes con los tiempos actuales, como las plataformas electrónicas, que permitan una tramitación más ágil y un acceso directo y sencillo por los consumidores y usuarios afectados.

En este documento ofrecemos un análisis preliminar de la regulación proyectada.