La derogación del Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre, deja sin efecto varias medidas de especial relevancia para las empresas españolas en materia mercantil
El Congreso ha derogado el real decreto-ley aprobado en diciembre, eliminando medidas clave como la suspensión de la causa de disolución por pérdidas y el control reforzado de inversiones extranjeras. Estas medidas podrían volver a plantearse en futuras iniciativas legislativas.
El pasado 24 de diciembre de 2024 el BOE publicó el Real Decreto-ley 9/2024 de 23 de diciembre. Este real decreto-ley fue derogado el 22 de enero de 2025 en virtud de la correspondiente votación del Congreso de los Diputados
El Real Decreto-ley 9/2024 incluía en su articulado, entre otras, las siguientes medidas de amplio espectro que ahora han quedado sin efecto:
- La extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en relación con las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Este régimen de suspensión fue aprobado en el año 2020 en virtud de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y había sido, anteriormente, objeto de dos extensiones hasta el 31 de diciembre de 2024.
- La suspensión, asimismo a los efectos del citado artículo 363.1.e) de la LSC, de la causa de disolución por pérdidas causada por las pérdidas incurridas en los ejercicios 2024 y 2025 con ocasión de la DANA.
- La extensión del régimen de inversiones extranjeras que requería autorización del Consejo de Ministros conforme al artículo 7bis de la Ley 19/2003 de 4 de julio para cualquier inversión llevada a cabo por residentes de la UE y AELC que cumpliese los siguientes requisitos:
- que el inversor pasase a ostentar una participación igual o superior al 10 % del capital de una sociedad española o adquiriese control sobre la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007 de julio (Ley de Defensa de la Competencia);
- que la inversión se realizase en: (x) una empresa cotizada en España cuyas acciones estuvieran total o parcialmente admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tuvieran su domicilio social en España; o (y) en una empresa no cotizada, cuando el valor de la inversión superase los 500 millones de euros; y
- que la sociedad española objeto de la inversión se dedicase a un sector considerado estratégico, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003.
Dado que las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 9/2024 eran de diverso calado y ámbito es posible que, de forma separada, sean próximamente objeto de nuevas iniciativas legislativas.
*Desde el punto de vista laboral, la derogación del real decreto-ley también afecta a algunas medidas relevantes, como detallamos aquí.
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