El Gobierno aprueba medidas laborales para responder al impacto del COVID-19, mientras patronal y sindicatos acuerdan sus propuestas

El Real Decreto-ley 7/2020 incluye las siguientes medidas en el ámbito laboral:

(i) Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal, de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los regímenes especiales de los funcionarios públicos como consecuencia del virus COVID-19.

(ii) Bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional, para las empresas que generen actividad productiva en los meses de febrero a junio de 2020 y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo. Esta bonificación será de aplicación desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2020, salvo en las Islas Baleares y Canarias donde será de aplicación, durante los meses de febrero y marzo de 2020, la bonificación adoptada para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

El texto del Real Decreto-ley 7/2020 puede consultarse aquí.

Los empresarios y sindicatos, por su parte, han acordado un documento de propuestas de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral por la crisis del coronavirus y con el objeto de que sean negociadas en la mesa de diálogo social. Entre las mismas se recogen las siguientes:

- La propuesta para una nueva regulación de los ERTE que simplifique los procedimientos y acorte los plazos de resolución. Asimismo se consideraría como causa de fuerza mayor el cierre de centros y la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la carencia de suministros por motivo de salud pública.

- La necesidad de regular vías que posibiliten la atención de los cuidados de hijos y mayores tras el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad, a través de nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de la relación laboral cuyos costes, incluidas las cotizaciones, correrán a cargo del fondo de ayudas extraordinarias.

- Facilitar el teletrabajo. A este respecto proponen que se entienda cumplida, con carácter excepcional, la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.

- Los trabajadores en situaciones de aislamiento o contagio percibirán un complemento de hasta el 100% de sus retribuciones con cargo al fondo de ayuda extraordinario que sufragará también el coste de las cotizaciones. Se considera imprescindible desarrollar un procedimiento de tramitación de las bajas y las altas.