España traspone dos directivas de la UE que afectan a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ampliando derechos en materia de garantías

En el marco de dicha transposición, el RDL 7/2021 realiza en su artículo decimosexto una serie de modificaciones a la actual normativa de consumidores y usuarios, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 27 de noviembre, relativo a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, entre las que caben destacar, en lo relativo a los contratos de compraventa de bienes, las siguientes:

• La conformidad con el contrato se determina ahora mediante el cumplimiento de unos requisitos objetivos y subjetivos, incluida la instalación.
• La persona consumidora puede exigir la puesta en conformidad de los bienes mediante su reparación o sustitución, y si estos remedios no son efectivos, procederá la reducción del precio o la resolución del contrato.
• El periodo de garantía legal se incrementa de 2 a 3 años desde el momento de entrega de los bienes.
• La presunción de falta de conformidad (a falta de prueba en contrario) se incrementa de 6 meses a 2 años.
• En caso de reparación del bien debido a la falta de conformidad, el empresario responde de ellas durante el año posterior a la entrega del bien. Cuando en ese periodo se reproduzcan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados, se presumirá que se trata de la misma falta de conformidad.
• El plazo de prescripción para ejercitar la acción relativa a estas faltas de conformidad se incrementa de 3 a 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad.
• El periodo en el que el fabricante deberá continuar con el servicio técnico y disponibilidad de piezas de recambio tras el cese de fabricación del bien se incrementa de 5 a 10 años.

Estas modificaciones en materia de consumidores y usuarios en lo relativo a los contratos de compraventa de bienes entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.