Estadística judicial: algunas cifras sobre el estado de la justicia en España
Aunque el ideal de Justicia puede considerarse muy por encima de los meros (y mundanos) datos estadísticos, resulta ciertamente interesante analizar dónde está nuestro país con respecto a otros estados de nuestro entorno en diversas cuestiones relativas a la materialización y el ejercicio de aquella. A esta tarea sirve la edición de 2018 del informe emitido por la Comisión Europea Para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), adscrita al Consejo de Europa, que ha sido presentado recientemente, y que se elabora a partir de los datos suministrados por un total de 47 Estados del ámbito europeo.
El resumen del informe publicado por la propia CEPEJ –los datos completos, mucho más extensos, están disponibles para consulta en su web– analiza la situación de cada estado en cuatro bloques: (i) presupuesto destinado a Justicia y, en particular, a Justicia gratuita; (ii) profesionales del sector jurídico, agrupados en Jueces, Fiscales, personal de la Administración y abogados; (iii) organización del sistema judicial, nuevas tecnologías, e información disponible para los usuarios; y (iv) eficiencia en términos de tiempo y resolución de casos, comparando la evolución de las magnitudes relevantes en cada materia entre 2014 y 2016, años a los que van referidos los datos del informe con carácter general.
Así, podemos comprobar que el gasto per capita en Justicia en España durante el periodo indicado está por encima de la media (destacando el esfuerzo presupuestario que supone frente a, por ejemplo, Noruega, cuyo gasto es similar al nuestro a pesar de que su nivel de riqueza es tres veces superior); que el número de jueces profesionales por cada 100.000 habitantes está, sin embargo, por debajo de la media, mientras que el número de abogados es muy superior (casi el doble que en Bélgica y el triple que en Francia, y superados, entre otros, y por muy poco, por Italia y Grecia); que el grado de desarrollo de las tecnologías de la información, en cuanto a equipamiento y marco legal, está en los niveles más altos (y, desde luego, por encima de países como Dinamarca o Suecia); o, en fin, que España se sitúa en la media en número de asuntos civiles y mercantiles resueltos en 2016, pero ligeramente peor en cuanto a tiempo de resolución.
Datos todos (en ocasiones, sorprendentes; otras veces, esperados) cuyo análisis nos permite hacernos una idea de la situación de la Justicia en España –y con respecto a Europa– y quitarnos (o ponernos) complejos en la comparación, lo que nos permite concluir el valor evidente de este informe.
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