¿Cómo se están adaptando las grandes empresas cotizadas a los nuevos retos en materia de sostenibilidad?

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó por Acuerdo de 26 de junio de 2020 una reforma parcial del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (CBG). La revisión modificó 20 de las 64 recomendaciones recogidas en el Código, y actualizó consecuentemente 6 de los 25 principios que inspiran las recomendaciones de carácter concreto y específico. El organismo regulador tenía como objetivo mantener el Código de Buen Gobierno español y, por lo tanto, el gobierno corporativo de las sociedades españolas, alineado con los más altos estándares internacionales.

La reforma de 2020 estuvo muy imbuida por cuestiones ligadas a la sostenibilidad y, una vez terminada la temporada de juntas siguiente a tal reforma, es un buen momento para hacer un primer balance de cómo se están adaptando las sociedades cotizadas a estas nuevas recomendaciones. Nos ceñiremos, en esta ocasión, a dos aspectos concretos y especialmente relevantes: (i) las recomendaciones sobre diversidad de género en el consejo de administración y (ii) las recomendaciones que más directamente tratan el concepto de sostenibilidad en el CBG.

Fomento de la presencia de mujeres en los consejos de administración (recomendaciones 14ª y 15ª)

La Recomendación 14ª trata sobre la política de selección de consejeros y, entre otros aspectos, cómo esta política debe favorecer la diversidad de conocimientos, experiencias, edad –como criterio novedoso de la reforma de 2020– y género. Y con respecto a este último, la reforma de 2020 añadió que se considerará que favorecen la diversidad de género las medidas que fomenten que la compañía cuente con un número significativo de altas directivas.

Por otra parte, la reforma de 2020 actualizó el objetivo mínimo de consejeras en el consejo de administración, en la Recomendación 15ª, pasando del 30% previsto hasta esta reforma de 2020, al 40% antes de que finalice el año 2022, manteniendo el 30% hasta entonces.

A día de hoy, de acuerdo con la información publicada en sus páginas web, 23 consejos de administración del Ibex 35 cuentan con más de un 30% de consejeras. De entre estas empresas, hay 7 que ya cumplen el objetivo de diversidad previsto para dentro de un año (más del 40% de consejeras). El porcentaje no ha dejado de crecer en los últimos años, y todo apunta a que lo seguirá haciendo en cumplimiento de esta recomendación cada vez más exigente.

Recomendaciones especialmente ligadas a la sostenibilidad (recomendaciones 53ª, 54ª y 55ª)

La reforma de 2020 actualizó la anterior terminología de responsabilidad social corporativa por la ahora imperante de sostenibilidad, y su desarrollo mediante los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y profundizó en el tratamiento de tales cuestiones.

Sobre esa base, la actual Recomendación 53ª recoge la conveniencia de atribuir a una comisión (existente o de nueva creación), entre otros aspectos, la supervisión del cumplimiento de las políticas y reglas de la sociedad en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Además, propone que la comisión esté integrada únicamente por consejeros no ejecutivos, y que la mayoría de estos tengan la categoría de independientes.

En este sentido, a la presente fecha, más de la mitad de las sociedades del Ibex 35, en concreto 19, han creado una Comisión de Sostenibilidad ‘ad hoc’, y otras 6 han asignado las funciones de gestión y supervisión de la sostenibilidad o bien a la Comisión de Auditoría (1) o a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (5), incluyendo la referencia a la “Sostenibilidad” en el nombre de sendas comisiones.

De entre las 19 sociedades que han configurado una Comisión de Sostenibilidad específica, 17 están compuestas por una mayoría de consejeros independientes, y en 14 de éstas el presidente de la Comisión es un consejero independiente, siguiendo las recomendaciones del CBG.

La Recomendación 54ª, por su parte, recoge las funciones mínimas que se propone asignar a esta comisión en materia de sostenibilidad.

Entre ellas, se recomienda encomendar a esta comisión la evaluación y revisión periódica del cumplimiento de la política general de la sociedad en materia medioambiental y social, y la supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y políticas fijadas.

Por último, en la Recomendación 55ª se desarrolla y actualiza el contenido mínimo de las políticas de sostenibilidad.

A día de hoy, 32 sociedades del Ibex 35 ya tienen aprobada y hacen pública su política de sostenibilidad. En ella las sociedades establecen principios y normas de actuación encaminadas a reducir el impacto medioambiental, a fomentar un uso responsable de los recursos energéticos y a alcanzar los más altos estándares de compromiso social.

Sirvan estas breves pinceladas sobre ciertos aspectos concretos para volver a constatar que el interés de las grandes compañías españolas cotizadas por estar a la altura de los nuevos retos de buen gobierno en materia de sostenibilidad es evidente. Prueba de ello es su creciente disposición a adoptar en sus consejos de administración las recomendaciones del organismo regulador en la materia. No obstante, queda camino por recorrer en un ámbito, el de la sostenibilidad, que ha tomado una fuerza imparable por el consenso generalizado sobre la necesidad de atender las necesidades presentes sin descuidar las de las futuras generaciones.