Movilidad sostenible: un desafío para el sector público y el privado con novedades legales a la vista

Lograr una movilidad más sostenible es uno de los grandes objetivos perseguidos a nivel mundial, europeo y nacional. En los últimos años se han aprobado distintas normas a todos los niveles, encontrándose también en tramitación otras muchas cuyo impacto en el transporte y en ámbitos estrechamente vinculados, como el de la logística, va a ser, sin duda, muy destacado.

En este contexto, Javier Manchado y Jabier Gómez, socio y asociado principal, respectivamente, del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Garrigues, han analizado junto a Alfonso Cuenca, letrado de las Cortes Generales en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, el prolífico marco normativo actual en torno a la movilidad sostenible y sus principales novedades, en una nueva edición de Los diálogos de Garrigues Sostenible.

“La movilidad sostenible es un reto y un desafío del mundo actual que, sin duda, solo podremos abordar de manera exitosa si lo hacemos conjunta y coordinadamente sector público, empresas y ciudadanos”, apuntó Manchado durante el encuentro en el que profundizaron en los aspectos más relevantes de la normativa que se está desarrollando en este terreno en España, y, en concreto, en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que el Consejo de Ministros envió al Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre.

Cuenca comenzó su intervención recordando que “las grandes revoluciones industriales han llegado siempre de la mano del transporte”, a lo que añadió que en los últimos años el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia decisiva del transporte y de un concepto más amplio, que es la movilidad (con un enfoque más centrado en las personas), para el ejercicio de una serie de derechos. “Ahora el foco está en potenciar un transporte cada vez menos contaminante”, apuntó.

Respecto al proyecto de ley, que ya ha iniciado su tramitación en el Congreso y que debe ver la luz antes de que acabe el segundo periodo de sesiones del año en curso, explicó que “pretende conformar un verdadero sistema nacional en materia de sostenibilidad con todos los sectores involucrados”.

En cuanto a los aspectos esenciales del texto, explicó que, en primer lugar, supone “la consagración del derecho a la movilidad como derecho ciudadano de ejercicio colectivo, base para el ejercicio de derechos básicos como la libertad de circulación, el derecho a la salud o la protección del medio ambiente”. Además, “se crea y regula un sistema nacional de movilidad sostenible; se establecen obligaciones importantes para agentes privados y también para municipios en materia de planificación de movilidad sostenible; y se incluyen novedades en cuanto a la necesidad de hacer un análisis riguroso de la planificación a efectos de la rentabilidad económica y financiera de las grandes infraestructuras que España ha emprendido en los últimos años”, entre otras cuestiones relevantes.

Con respecto al papel que jugarán las comunidades autónomas o las administraciones locales, el letrado de las Cortes Generales explicó que la norma establece diversos instrumentos con el fin de vertebrar el sistema nacional de movilidad sostenible. Así, se configura “una conferencia sectorial en materia de transporte que contará con funciones de cooperación y coordinación para asegurar el mantenimiento de un sistema común de transportes para toda la nación”. También se creará el denominado foro administrativo de movilidad sostenible, que engloba a los integrantes de la conferencia sectorial y a las entidades locales, donde tienen que estar necesariamente representados los municipios de más de un millón de habitantes. Asimismo, se incluye el consejo superior de movilidad sostenible como órgano de asesoramiento y consulta, donde se da cabida a expertos académicos, sociedad civil o representaciones sindicales de empresas del sector.

A nivel local, señaló que el proyecto de ley extiende la obligación de contar con un plan de movilidad sostenible para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, pero aclaró que se tratará de planes de carácter simplificado y no deberán contar con ellos hasta un año después de la entrada en vigor de la ley. “Los municipios han sido los artífices de la movilidad sostenible en España y el proyecto lo tiene en cuenta”, subrayó.

Y, en el ámbito privado, apuntó una novedad importante del proyecto de ley: las empresas van a tener obligaciones muy concretas en un breve plazo de contar con planes de movilidad, de desplazamiento de distintas personas, trabajadores o clientes, a grandes centros de actividad o centros de trabajo. Se establece para los primeros, por ejemplo, la obligación de nombrar un gestor de movilidad, y los centros de trabajo con un mínimo de 500 trabajadores (o 250 por turno) deberán contar con planes de movilidad específicos, que serán objeto de negociación con la representación sindical.

Durante el encuentro también se abordó la situación de aquellas empresas concesionarias de servicios públicos que, según expuso Manchado, se encuentran muy pendientes del desarrollo de la nueva normativa. Entre otras novedades, Cuenca explicó que “se prevé la aprobación, en el plazo de 1 año, de un nuevo mapa concesional de líneas regulares de transporte de viajeros por carretera que sustituya al actual, con el objetivo de que la oferta de transporte público por carretera de competencia estatal se ajuste mejor a las nuevas necesidades de movilidad de los ciudadanos", “debiendo adjudicarse, en el plazo de los 2 años siguientes a dicha aprobación, todas las concesiones estatales incluidas en tal mapa”, y “estableciéndose diversas reglas sobre la continuación en la prestación de servicios por los actuales concesionarios en determinados casos”.

Jabier Gómez, por su parte, se interesó por la regulación en el proyecto de ley de la nueva movilidad, la carga eléctrica de vehículos, etc. Cuenca detalló al respecto que el proyecto de ley aborda, por ejemplo, la movilidad colaborativa o el coche compartido, sin perjuicio de que se puedan regular también las plataformas que ponen en contacto a los usuarios, y apuntó futuros retos como los que plantean los vehículos sin conductor.

También recordó que una de las principales novedades del proyecto de ley es la articulación de los espacios controlados de prueba o sandbox para la experimentación de la regulación de los nuevos medios de transporte. En la norma se establece cómo tanto el promotor del proyecto como las Administraciones Públicas involucradas presentarán propuestas de reformas normativas para que la regulación futura incorpore la visión práctica de los operadores del mercado.

Gómez se interesó asimismo por la modernización de las infraestructuras que plantea el proyecto de ley como un objetivo cierto. A lo que Alfonso Cuenca respondió que, tal y como señala su exposición de motivos, el texto abunda en la necesidad de invertir sobre todo en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes, más que en la creación de nuevas infraestructuras.

Finalmente, Javier Manchado invitó al letrado a ofrecer algunas pinceladas sobre la regulación de cuestiones vinculadas a la logística en el proyecto de ley, haciendo especial hincapié en cuestiones de actualidad como el uso de robots automatizados o drones para el reparto de pedidos y mercancías. Cuenca apuntó que “sobre la logística y el transporte de mercancías se hace una referencia muy específica en el texto y se reconoce la necesidad de mejorar la competitividad en el sector. Se articula también el concepto de nodos logísticos, donde se aporta valor añadido al transporte”.