Newsletter Arbitraje Internacional - Abril 2019 | Panorama regional: El continente americano

BOLIVIA

Continúa ante la CPA un arbitraje de la CNUDMI contra Bolivia a pesar del fallecimiento del demandante

El arbitraje de la CNUDMI iniciado por el estadounidense Julio Miguel Orlandini Agreda y la empresa boliviana Compañía Minera Orlandini (CMO) contra Bolivia en relación con unas concesiones mineras, sigue su curso en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya a pesar del fallecimiento de Orlandini.

La controversia afecta a varias concesiones mineras que CMO tiene en el municipio de Antequera, al oeste de Bolivia. Los demandantes alegaron que la entidad estatal Comibol llevó a cabo actividades mineras ilegales dentro de su zona de concesión y que, posteriormente, le fueron otorgadas concesiones que se solapaban parcialmente con sus derechos mineros. Según declararon, las autoridades bolivianas les despojaron finalmente de sus concesiones y bienes.

La primera orden procesal establece que el representante de la masa hereditaria de Orlandini ha de ratificar las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por CMO en el arbitraje.

ECUADOR

Un consorcio encabezado por Repsol desiste de su demanda contra Ecuador relacionada con oleoductos

El gigante petrolero español Repsol y otras empresas, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras y las italianas Eni, Perenco y Occidental, integrantes del consorcio Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que opera un importante oleoducto en Ecuador, han desistido de una demanda administrada por la CNUDMI de 470 millones de USD contra Ecuador después de la adopción por Ecuador en 2018 de una ley sobre estabilidad fiscal y de las inversiones. 

El conflicto tiene su origen en un contrato de concesión a favor de OCP para la construcción de un oleoducto de 485 kilómetros que se extendía desde el Amazonas hasta la costa del Pacífico y trae causa de siete reclamaciones tributarias de la Hacienda Pública de Ecuador contra el consorcio, que según OCP incumplían disposiciones de su tratado de inversión de 2001 relativas a estabilidad jurídica; expropiación sin indemnización; garantías de remesas gratuitas de capital, beneficios y otros pagos al extranjero; trato justo y equitativo; y el derecho a tutela judicial efectiva. 

MÉXICO

Una empresa de exploraciones submarinas presenta una notificación de controversia contra México

La empresa estadounidense de exploraciones submarinas Odyssey Marine Exploration ha presentado una notificación de controversia al amparo del TCLAN contra México al que reclama 3.540 millones de USD por haberle sido denegado un permiso medioambiental para desarrollar un yacimiento marino de fosfatos situado a 22 kilómetros de la costa de Baja California Sur, al oeste de México. En 2012, el gobierno mexicano adjudicó a una filial local de Odyssey, Exploraciones Oceánicas (ExO), una concesión minera a 50 años sobre el yacimiento, con una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados. Según ha declarado Odyssey, el yacimiento podría cubrir las necesidades de fertilizantes de Norteamérica durante los próximos 100 años.

De acuerdo con Odyssey, ExO dedicó cuatro años a la elaboración de una evaluación de impacto ambiental y de un plan de desarrollo que demuestran que el proyecto no tendría efectos negativos a largo ni a corto plazo sobre el entorno marino local, pero, aun así, el ministerio denegó la aprobación del proyecto en 2016. Odyssey afirma que el proyecto se rechazó por motivos «espurios» y que en el mismo período el ministerio aprobó grandes proyectos de dragados, de empresas y organismos estatales mexicanos que se iban a desarrollar en zonas mucho más sensibles desde un punto de vista ecológico.

PANAMÁ

Panamá se enfrenta a una demanda del CIADI por Enel

La panameña Enel Fortuna, filial de la empresa italiana de energía renovable Enel ha presentado una demanda ante el CIADI contra Panamá al amparo del tratado bilateral de inversión de 2009 entre Panamá e Italia por un importe aproximado de 11 millones de euros por no haberle indemnizado los daños comerciales que le ocasionó el retraso en la construcción de una línea de transmisión de electricidad.

Enel Fortuna, participada al 49,9% por el estado panameño, tiene la propiedad y la explotación de la central hidroeléctrica de 300 megavatios Fortuna, en el oeste de la provincia de Chiriquí. Según se ha informado, la central suministra el 30% de la electricidad del país.

La controversia se refiere a un contrato de 2014 en el que el gobierno panameño del antiguo presidente Ricardo Martinelli acordó compensar a Enel Fortuna por la electricidad que generara pero no pudiera vender por falta de infraestructuras de transmisión.

URUGUAY

La CCI se posiciona contra Uruguay en una controversia por una concesión de Petrobras

Un tribunal de la CCI ha otorgado una resolución declarativa a favor de Conecta, filial de la energética estatal brasileña Petrobras, y en contra de Uruguay en una controversia por el incremento del coste de las importaciones de gas.

El tribunal considera que Uruguay debe restablecer el equilibrio económico y financiero de su contrato de concesión con Conecta para la distribución de gas natural en el país; así como a negociar de buena fe los ajustes necesarios para dicho restablecimiento.

No obstante, el tribunal desestimó el resto de pretensiones, incluidas las alegaciones de Conecta en el sentido de que Uruguay había cometido incumplimientos «graves y reiterados» del contrato de concesión, condenando a cada parte a sufragar sus respectivas costas.

La controversia se refiere a las repercusiones de la crisis energética de 2004 en Argentina, en que la escasez de electricidad en el país llevó al gobierno argentino a imponer restricciones a las exportaciones de gas con el fin de salvaguardar el suministro para el consumo interno.

Un tribunal del CIADI se declara incompetente en una demanda de 65 millones de USD contra Uruguay

Un tribunal del CIADI se ha declarado incompetente para conocer de una demanda de 65 millones de USD contra Uruguay, determinando que el demandante estadounidense no ha demostrado tener la propiedad o el control de una empresa local a la que le fue revocada su licencia de espectro inalámbrico.

El tribunal desestimó por unanimidad la demanda de la compañía de Florida Italba basada en el tratado bilateral de inversión entre EEUU y Uruguay, condenándola al pago de 5,9 millones de USD de las costas del Estado.

El conflicto está relacionado con la supuesta participación de Italba en Trigosul, empresa de telecomunicaciones uruguaya, cuya licencia de espectro inalámbrico se revocó en 2011 después de que un órgano regulador determinara que incumplía los términos de la licencia.

Aunque Trigosul logró impugnar con éxito la decisión arbitral en un tribunal administrativo, el órgano regulador se negó a restituirle la licencia, transfiriendo los derechos de la compañía a un competidor.

VENEZUELA

La petrolera estadounidense ConocoPhillips gana un arbitraje contra Venezuela

Un tribunal del CIADI ha condenado a Venezuela al pago de una suma próxima a los 9.000 millones de USD más intereses a favor de ConocoPhillips por la expropiación de inversiones petroleras en el Cinturón del Orinoco.

La empresa estadounidense y sus filiales neerlandesas presentaron la demanda ante el CIADI en 2007, reclamando una indemnización de 30.000 millones de USD por la aplicación de medidas que culminaron en la nacionalización de los proyectos de crudo pesado de Petrozuata y Hamaca en el Cinturón del Orinoco y del proyecto offshore Corocoro.

El pasado año, Conoco también obtuvo un laudo favorable de la CCI contra la empresa estatal venezolana de petróleo y gas PDVSA en relación con los mismos proyectos. En el último laudo del CIADI se insta a Conoco a abstenerse, en virtud del principio de buena fe, de intentar obtener doble compensación en la ejecución del laudo del CIADI por encima de los importes obtenidos en virtud de la resolución del tribunal de la CCI.