Newsletter Arbitraje Internacional - Abril 2020 | Panorama Regional: El continente americano

Colombia

Arbitraje de inversión contra Colombia por el pago de cánones mineros

Una filial británica de la empresa minera australiana South32 ha interpuesto una demanda ante el CIADI contra Colombia en relación con el pago de cánones sobre su mina de ferroníquel de Cerro Matoso.

La empresa minera ha invocado el Tratado Bilateral de Inversión de 2010 entre Colombia  y el Reino Unido a causa del inicio de una inspección fiscal por parte de la Oficina del Interventor General de Colombia por el supuesto impago de cánones por importe de 181,5 millones de USD entre 1982 y 2012, en relación con dos contratos de concesión finalizados en 2012.

South32 considera que la inspección vulnera la «seguridad jurídica» que protege la inversión extranjera en Colombia y que «carece de respaldo jurídico y técnico, puesto que se refiere a los contratos de concesión finalizados en 2012 que están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca». La empresa minera afirma que pretender el cobro retroactivo de cánones en relación con contratos ya terminados es inconstitucional y que su liquidación está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, que los importes que el Estado quiere cobrar corresponden a períodos ya auditados y cobrados por la misma entidad.

Describe dichos importes como «desproporcionados e injustificados», afirmando que el Interventor ignora la fórmula pactada en los contratos para el cálculo de los cánones y que incluyó cánones por hierro, que la compañía no está legal ni contractualmente obligada a pagar.

Panamá

Nuevo arbitraje de inversión contra Panamá por el proyecto de ampliación del Canal

La empresa italiana Salini Impregilo ha presentado una demanda de arbitraje contra Panamá en el CIADI, invocando el Tratado Bilateral de Inversión de 2009 entre Panamá e Italia.

La demanda, que asciende 2.200 millones de USD, es la segunda relacionada con el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

Con la presentación de esta demanda, el grupo constructor italiano cumple la amenaza que lanzó en 2015. Entonces, Salini Impregilo advirtió que demandaría a Panamá por los daños y perjuicios que causaron en las obras de ampliación del canal los supuestos incumplimientos por parte de Panamá de sus obligaciones de conferir un trato justo, equitativo y no discriminatorio a los inversores; de otorgar plena protección y seguridad; de cumplir sus obligaciones y compromisos y de no expropiar sin una indemnización justa y adecuada.

Salini Impregilo es parte del Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC), la empresa responsable del diseño y construcción de la tercera serie de esclusas, una parte importante del proyecto de Ampliación del Canal de Panamá. Los otros tres miembros de GUPC son la panameña Constructora Urbana, la española Sacyr y la belga Jan de Nul. La española Sacyr también presentó una demanda de arbitraje contra Panamá en 2018 bajo el Tratado Bilateral de Inversión de 2018 entre España y Panamá.

Canadá

Canadá gana su primera demanda de inversión

Un tribunal del CIADI ha desestimado una demanda de más de 1.300 millones CAD de la empresa egipcia de servicios integrados de telecomunicaciones Global Telecom Holding (GT) contra el Gobierno de Canadá.

Se trata de la primera demanda de inversión a la que se ha enfrentado Canadá.

Se presentó en 2016 conforme al Tratado Bilateral de Inversión de 2016 entre Egipto y Canadá por la empresa egipcia, que está participada mayoritariamente por Veon Group, grupo de telecomunicaciones con sede en Amsterdam. GT acusó a Canadá de no crear un entorno regulatorio favorable, justo y competitivo para los nuevos inversores en el sector de las telecomunicaciones.

La demanda está relacionada con una inversión realizada en 2008 por la empresa egipcia en Wind Mobile, un importante operador de telefonía canadiense. Debido a la controversia que le enfrenta desde hace tiempo a Ottawa por los planes de expansión de su inversión en Wind Mobile, GT decidió vender su participación en 2014 y, tiempo después, inició el arbitraje.

El tribunal arbitral falló que Canadá no era responsable de las acusaciones formuladas en su contra, desestimando en consecuencia todas las pretensiones de GT en el procedimiento.

Venezuela

Curaçao presenta ante el ICDR una demanda de arbitraje de 162 millones de dólares contra PDVSA

Refineria di Korsou (RdK), refinería estatal de Curaçao, ha presentado una demanda de 162 millones de USD contra la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ante el ICDR por su gestión de la refinería de petróleo en la isla caribeña perteneciente a los Países Bajos.

La refinería de Curaçao estuvo gestionada por la estatal venezolana durante 34 años, hasta 2019, pero las sanciones estadounidenses contra Venezuela desembocaron en la paralización de las operaciones. Después, PDVSA, que adeuda miles de millones de dólares a sus acreedores, incurrió en impago de los alquileres y en incumplimiento de los acuerdos de compra garantizada y de los requisitos de mantenimiento.

En marzo de 2020, RdK ocupó una terminal de almacenaje de petróleo que PDVSA tiene en Bonaire con el fin de cobrar las deudas por pagos vencidos, costes de mantenimiento y daños ambientales. Parece que RdK va a solicitar autorización a un tribunal neerlandés de Curaçao para vender en pública subasta Bonaire Petroleum Corp (Bopec) y su terminal de almacenaje de barriles de petróleo valorada en 10 millones si no recibe lo que le adeuda PDVSA.

Perú

Perú teme una oleada de demandas arbitrales por la suspensión del cobro de peajes como medida contra el Covid-19

A principios de abril, el Congreso de la República de Perú acordó aprobar la ley por la que se suspende el cobro de peajes en el país mientras dure el estado de emergencia nacional decretado como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

La medida, que pretende reducir el contacto entre usuarios y trabajadores, así como facilitar el transporte de bienes o trabajadores esenciales en un momento en el que muchos peruanos han perdido sus ingresos, es de aplicación tanto a los peajes administrados por el Estado como a los administrados por empresas privadas.

Muchos temen que la medida dará lugar a una avalancha de arbitrajes CIADI por los cambios unilaterales en sus contratos, puesto que las empresas que administran los peajes han sido obligadas a seguir prestando el servicio pero sin cobrarlo.