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Newsletter Arbitraje Internacional - Abril 2020 | Panorama Regional: Europa

Las novedades europeas más destacadas por la práctica global de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues.

Ucrania

La ucraniana Ukrnafta pierde sus dos últimos asaltos contra un laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo

El Tribunal Comercial de Londres ha desestimado la acción ejercida por la mayor productora de petróleo y gas de Ucrania, Ukrnafta, para la anulación del auto de ejecución de un laudo de 147 millones de USD favorable a Carpatsky Petroleum Corp. (Carpatsky), filial estadounidense de Kuwait Energy.

El laudo se dictó en 2010 en relación con la demanda que había presentado en 2007 Carpatsky contra la petrolera ucraniana, que está controlada por Naftogaz, compañía estatal de petróleo y gas, ante la Cámara de Comercio de Estocolmo.

Carpatsky instó la resolución del contrato suscrito en 1995 con Ukrnafta para la explotación del yacimiento de condensado de gas de Rudivsky-Chervonozavodsky en Ucrania. Alegó incumplimiento de los compromisos financieros y explotación unilateral del yacimiento por Ukrnafta, con exclusión de Carptasky de las operaciones.

El tribunal admitió la petición de la compañía americana de resolver el contrato por incumplimiento de Ukrnafta, pero solo otorgó a Carpatsky cerca de un tercio de la cantidad reclamada, 147 millones de USD.

Ukrnafta  recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Svea, solicitando la anulación del laudo, pero su petición fue desestimada en 2015. Desde entonces, el laudo no solo se ha ejecutado en Inglaterra sino también en Francia, el Reino Unido y en un tribunal de distrito de Texas, sujeto a recurso.

El 6 de abril de 2020, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos ratificó el laudo.

El tribunal concluyó que era irrelevante que Carpatsky, en las modificaciones de un primer contrato firmado en 1994 con Ukrnafta, hubiera seguido usando un sello social de Texas, después de cambiar su lugar de constitución de Texas a Delaware. Motivó su decisión en el hecho de que el firmante de Carpatsky, el Presidente de la sociedad, era un cargo autorizado de la misma y por lo tanto estaba facultado para firmar la modificación en nombre de la sociedad de Delaware.

Ukrnafta pierde así su segundo asalto en menos de una semana contra el laudo de 147 millones de USD de la Cámara de Comercio de Estocolmo.

 

España

Nueva acción de ejecución de laudo contra España por las renovables

El fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners ha presentado ante los tribunales estadounidenses solicitud para la ejecución de un laudo del CIADI contra España por las reformas al sector de las renovables.

Los inversores han solicitado a los tribunales estadounidenses que resuelvan acerca del reconocimiento del laudo que condena a España al pago de una indemnización de 28,2 millones de euros más intereses y las costas legales del demandante. No obstante, reconocen que dado que España ha solicitado la anulación del laudo, la ejecución se suspenderá hasta que se resuelva sobre este punto, por lo que no podrán disponer de ningún activo hasta entonces.

El laudo se dictó en el arbitraje del CIADI iniciado por cinco entidades asociadas de InfraRed Capital Partners, que habían invertido 31 millones de euros en dos centrales termosolares en España. Estos inversores británicos decidieron acudir a arbitraje para reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las reformas al régimen de ayudas a las renovables en España.

 

Inversores alemanes registran una acción de anulación de un laudo favorable a España

El CIADI ha registrado una solicitud para la anulación de un laudo, dictado en relación con una demanda de 420 millones de euros presentada en 2015 sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía por un grupo de inversores alemanes contra España

Este laudo, pronunciado a principios de diciembre de 2019, fue el primero ganado por España en relación con las reformas a su régimen de ayudas a las energías renovables, después de 11 derrotas, que ahora ya suman 20.

Los demandantes alemanes son la empresa pública de electricidad de Munich Stadwerke München; RWE Innogy (RWE); RheinEnergie, que es propiedad del ayuntamiento de Colonia y RWE; además de dos compañías del Grupo Ferostaal. La última en unirse a la demanda fue la española Marquesado Solar, S.L., sociedad que canalizó la inversión de estas empresas alemanas en una central termosolar en Granada objeto del arbitraje.

Los demandantes reclamaron una indemnización de 460 millones de euros como consecuencia de la tasa impuesta por España a los productores de energía en 2012.

En su decisión, el tribunal arbitral rehusó otorgar esta indemnización aduciendo que la tasa entra dentro de una excepción del TCE respecto a conflictos tributarios. Se entendió, además, que España no incumplió el principio de trato justo y equitativo del TCE, resolviendo que los inversores no habían aportado pruebas suficientes de que España garantizara una remuneración estable en relación con la central.

 

Noruega

Primer arbitraje de inversión contra Noruega

El CIADI ha registrado el primer arbitraje de inversión contra Noruega del que se tiene noticia. 

La demanda, presentada por el empresario letón Peteris Pildegovics y su empresa SIA North Star, se basa en las supuestas infracciones de cláusulas de promoción y protección de las inversiones, nación más favorecida y expropiación e indemnización del Tratado Bilateral de Inversión de 1992 entre Letonia y Noruega.

La demanda tiene su origen en el embargo por parte del gobierno noruego de uno de los cuatro barcos pertenecientes a la empresa de Peteris Pildegovics utilizado para la captura de cangrejo de las nieves en aguas noruegas. El embargo se impuso en el marco del procedimiento penal seguido en Noruega como consecuencia de la negativa de la empresa a pagar las sanciones que le fueron impuestas por la guardia costera del país por no tener permisos válidos para la pesca del cangrejo de las nieves en aguas jurisdiccionales noruegas.

Según la empresa, el procedimiento legal en Noruega no fue justo, las actuaciones por parte del Estado son arbitrarias y discriminatorias y constituyen una «campaña de acoso» contra SIA North Star y otros inversores comunitarios que han resultado afectados por las restricciones, anulando el valor de sus inversiones.

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