Newsletter Arbitraje Internacional - Diciembre 2018 | Panorama regional: El continente americano

BRASIL

La justicia brasileña permite una acción de anulación de laudos parciales

En una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (TSJB) ha aclarado que es posible ejercer una acción de anulación en relación con laudos arbitrales parciales.

El TSJB ha determinado que no existe prohibición legal a la emisión de laudos parciales en el curso del procedimiento arbitral y que la ley de arbitraje brasileña contempla la posibilidad de ejercer la acción de anulación con respecto a «laudos parciales» (es decir, tanto respecto a laudos finales como parciales).

BOLIVIA

Admitida en el CCI la demanda de una empresa minera contra una empresa propiedad del Estado boliviano

Un tribunal de la CCI ha admitido a trámite la demanda por 86 millones de USD presentada por Jindal Steel & Power contra la minera propiedad del estado boliviano Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), desestimando al mismo tiempo demandas contra el propio Estado y contra otra entidad estatal, Comibal. La demanda se refiere a un yacimiento minero próximo a la frontera oriental de Bolivia con Paraguay y Brasil. Jindal suscribió un contrato de joint venture con ESM y Comibol en 2007 para el desarrollo de la mina. Jindal resolvió el contrato en 2012 alegando que el gobierno había obstaculizado el proyecto al no permitir el acceso a los terrenos donde debía desarrollarse y al haber ejecutado ilegalmente avales bancarios por valor de 18 millones de USD.

CANADÁ

Canadá se enfrenta a una nueva demanda basada en el TLCAN en un conflicto minero

 El 20 de noviembre de 2018, la empresa del carbón estadounidense  Westmoreland Coal presentó una demanda de arbitraje contra los gobiernos de Canadá y Alberta por 380 millones de USD al amparo del TLCAN, por supuesta discriminación en la decisión del gobierno de Alberta de eliminar gradualmente el uso del carbón del sistema eléctrico para el año 2030.

La controversia está relacionada con la compra por Westmoreland, que se encuentra incursa en un procedimiento concursal conforme al Chapter 11 en el Distrito Sur de Texas,  de cinco minas de carbón en Alberta y dos en la provincia limítrofe de Saskatchewan  en 2013 por 350 millones de USD, y los recortes anunciados en 2015 por la provincia canadiense. El gobierno de Alberta acordó pagar alrededor de 1.000 millones de USD en concepto de indemnización a los operadores de otras plantas, Capital Power, TransAlta y ATCO, entre 2016 y 2030. Westmoreland  alega que, al no ofrecerle una indemnización equivalente, el gobierno de Atlanta ha incumplido las disposiciones antidiscriminatorias y de trato justo y equitativo del TLCAN.

EEUU

Remitida a la CCI  por un tribunal de Texas una controversia sobre patentes

Mediante resolución fechada el 7 de noviembre de 2018, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Este de Texas, remitió a arbitraje de la CCI una controversia entre el fabricante de smartphones taiwanés HTC y la sueca Ericsson por los cánones aplicables a patentes sobre tecnología inalámbrica y  de teléfonos móviles.

El conflicto está relacionado con varias patentes propiedad de Ericsson. Dado que los chipsets de smartphones de HTC implementan los estándares, HTC es tercero beneficiario de los compromisos impuestos  a Ericsson. El juez determinó que estas pretensiones debían separarse de un litigio que HTC sigue contra Ericsson en el que se incluyen otras pretensiones no arbitrables.

VENEZUELA

Venezuela recibe una nueva demanda de inversión por parte de Smurfit Kappa

El grupo empresarial irlandés dedicado al papel y los embalajes Smurfit Kappa ha declarado que ha presentado una demanda de arbitraje de inversión contra Venezuela al amparo del APRI de 1993 entre los Países Bajos y Venezuela, a través de su filial íntegramente participada con domicilio en los Países Bajos, Smurfit Holdings BV. Alega que el embargo temporal y la injerencia en una filial por parte del Estado le hicieron «imposible» mantener sus operaciones en el país. La compañía afirma que la exclusión de las operaciones venezolanas de sus cuentas consolidadas ha resultado en una depreciación patrimonial por valor de más de 60 millones de euros.

Aunque Venezuela canceló el APRI entre los Países Bajos y Venezuela en 2008, en virtud de una cláusula de suspensión es posible presentar demandas relacionadas con inversiones anteriores a la cancelación durante un período de 15 años, hasta el año 2023.  El APRI prevé la sumisión de conflictos al CIADI, cuya competencia quiso excluir Venezuela en 2012. Esto puede obligar a que se aplique a la demanda el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI.