Newsletter Arbitraje Internacional - Diciembre 2019 | Panorama regional: Oriente Medio y África

GABÓN

Condena de la CCI contra Gabón por proyectos de infraestructuras

En un laudo reciente, un tribunal de la CCI ha condenado a Gabón a pagar 170 millones USD a Groupement Santullo Sericom, constructora de Gabón que era propiedad del empresario francés Guido Santullo, en relación con unos proyectos de infraestructuras.

Los árbitros determinaron la responsabilidad parcial de Gabón por importe de 101 000 millones CFA (170 millones USD), de los 600 millones USD que se reclamaron en un principio por el impago de las obras llevadas a cabo de acuerdo con 11 contratos de proyectos de infraestructuras públicas construidas entre 2010 y 2017. Los proyectos comprendían un puente de grandes dimensiones sobre el río Komo, que unía la capital gabonesa de Libreville con el interior del país, además de diversas carreteras y edificios públicos, como una escuela de formación de oficiales.

Gabón declaró que los contratos se habían adjudicado indebidamente sin un proceso de licitación y por medios corruptos. Pero el tribunal de la CCI concluyó que el estado no había probado sus acusaciones de corrupción.

MOZAMBIQUE

Desestimada por el CIADI una demanda de arbitraje de inversión contra Mozambique

Un tribunal del mecanismo complementario del CIADI ha desestimado la demanda de 96 millones USD presentada por el empresario sudafricano Oded Bsserglik conforme al Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Sudáfrica y Mozambique y la ley de inversión de 1993 de Mozambique, tras determinar que no había quedado suficientemente probado que el TBI hubiera entrado en vigor.

El tribunal arbitral declinó su competencia sobre la demanda y ordenó a ambas partes pagar sus respectivas costas. Besserglik presentó la demanda de inversión en 2014 en relación con los contratos que había suscrito con dos entidades estatales mozambiqueñas para la creación y explotación de una joint venture pesquera. Acusó al estado de apropiarse indebidamente de acciones, buques de pesca y beneficios de la empresa conjunta.

Mozambique planteó una serie de objeciones jurisdiccionales pero no fue hasta 2017 que el estado esgrimió que el TBI nunca entró en vigor. El TBI especificaba que entraría en vigor después de que Mozambique y Sudáfrica se hubieran notificado mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor. Mozambique alegó que ninguno de los países envió ni recibió la notificación.

En el laudo, el tribunal arbitral señaló que «no puede considerarse que un tratado que no ha entrado en vigor está vigente como consecuencia del retraso o silencio de una parte», determinando que no había pruebas convincentes que permitieran concluir que se habían intercambiado las notificaciones para la entrada en vigor del TBI. No puede atribuirse competencia al tribunal alegando la doctrina de actos propios y el demandante no había demostrado en ningún caso que se hubiera basado en declaraciones del estado mozambiqueño para realizar su inversión.  

NIGERIA

Nigeria impugna un laudo ante el Commercial Court de Londres

Nigeria ha presentado ante el Commercial Court de Londres una demanda de impugnación del laudo de 9600 millones USD, dictado a favor de la compañía de las Islas Vírgenes Británicas Process & Industrial Developments (P&ID) por una operación frustrada de gas, alegando que el contrato correspondiente se obtuvo mediante fraude y corrupción.

En la demanda de impugnación Nigeria afirma que el contrato que suscribió en 2010 con P&ID para la construcción de una planta de procesado de gas en la ciudad de Calabar, al sur del país, se obtuvo mediante fraude y corrupción, y que el posterior procedimiento arbitral estuvo cuajado de irregularidades y le fue deliberadamente ocultado al resto del gobierno.

El 27 de noviembre Nigeria depositó un aval bancario de 200 millones USD en el Commercial Court como garantía por la suspensión del embargo de activos.

ARABIA SAUDÍ

Un contratista turco presenta una demanda contra Arabia Saudí

La constructora turca DSG Yapi ha presentado una demanda de inversión ante el CIADI contra Arabia Saudí al amparo del tratado bilateral de inversión (TBI) entre Turquía y Arabia Saudí de 2006.

Aunque no ha transcendido información sobre la demanda, la controversia podría estar relacionada con uno de los proyectos de construcción de DSG Yapi en Arabia Saudí, que comprendía obras en tuberías de agua, un proyecto de suministro de agua, una mina de bauxita, un complejo petroquímico, un estadio deportivo y una terminal en el aeropuerto internacional King Khalid de Riyadh.

Se trata de la quinta demanda del CIADI presentada contra Arabia Saudí.