Newsletter Arbitraje Internacional - Diciembre 2020 | Panorama Regional: El continente americano

Brasil

Dos accionistas se enfrentan en el arbitraje de Petrobras 

Se ha sometido a un tribunal arbitral con sede en Sao Paulo la disputa entre dos accionistas de Petrobras, que reclaman al estado brasileño indemnización en una demanda de 35.000 millones de USD por los supuestos delitos y actos de corrupción de los anteriores administradores de Petrobras nombrados por el estado, en el escándalo conocido como Lava Jato. El empresario argentino Alejandro Stratiotis niega el derecho de la fundación sin ánimo de lucro Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Economico e Social (MUDES).

La relación entre los accionistas empezó a deteriorarse después de que MUDES se opusiera a consolidar las demandas de ambos accionistas en un único arbitraje, alegando que a Stratiotis le impedía la presentación de una nueva demanda el principio de lis pendens, llegando incluso a exigir pruebas a Stratiotis de que efectivamente tenía la condición de accionista, que Stratiotis se negó a proporcionar. Después de que el tribunal arbitral decidiera consolidar las demandas, ambos accionistas volvieron a enfrentarse cuando fueron condenados a pagar conjuntamente hasta 6,4 millones de USD en concepto de fianza.

Las desavenencias entre los accionistas giran ahora en torno a cuál de los dos tiene derecho a la prima prevista por el derecho mercantil brasileño si finalmente el tribunal reconoce el derecho a indemnización de daños. MUDES afirma que debería ser el único con derecho a la prima al haber sido el primero en presentar demanda de arbitraje y, por su parte, Stratiotis alega que ambos tienen la misma legitimación activa y, por tanto, los mismos derechos potenciales en el procedimiento.

CHILE

El Estado chileno anuncia que llevará a arbitraje internacional las controversias con Albermale

El director de la Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), agencia estatal chilena, ha señalado que pretende llevar a arbitraje internacional la disputa actualmente existente con la compañía estadounidense Albermale, la mayor productora de litio en el mundo.

Dichas partes celebraron un contrato mediante el cual se le otorgó a Albermale la posibilidad de extraer litio del Salar de Atacama, ubicado en la zona norte de Chile, y respecto del mismo han surgido disputas relativas a su interpretación y ejecución, particularmente en lo que se refiere a la regulación de la base de pagos de regalías. Es sobre esta materia que el Estado chileno pretende iniciar un arbitraje internacional, señalando que Albermale le adeudaría un monto cercano a 11 millones de USD.

Colombia

Colombia no consigue presentar objeciones preliminares convincentes en una demanda de arbitraje

Un tribunal CIADI ha dictado un laudo sobre competencia en el que ha desestimado las objeciones del Gobierno de Colombia en un arbitraje iniciado por la minera canadiense Gran Colombia Gold (GCG).

En 2018, GCG demandó al Estado colombiano, al que acusaba de haber incumplido las obligaciones que le correspondían conforme al Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá al no haber impedido la actividad de mineros ilegales en las minas de oro y plata de GCG, lo que desembocó en una expropiación indirecta de sus inversiones.

Colombia, por su parte, alegó que el tribunal arbitral carecía de competencia y que GCG no podía beneficiarse del Acuerdo de Libre Comercio al no haber demostrado que desarrollaba actividad comercial sustancial en Canadá ni que su propiedad estaba en manos de canadienses.

El tribunal arbitral desestimó las objeciones de Colombia, concluyendo que GCG había probado tener un “vínculo auténtico y significativo con Canadá”. El tribunal determinó que GCG había demostrado suficientemente que tenía funciones societarias fundamentales, servicios y actividades financieros, de asesoramiento y legales, varias cuentas bancarias, oficinas y empleados en Toronto y había captado más de 500 millones de USD en mercados canadienses en los 10 últimos años para financiar sus actividades mineras.

PERÚ

Un banco estatal peruano y una empresa canadiense alcanzan un acuerdo transaccional

El banco de desarrollo propiedad del Estado peruano COFIDE y la empresa minera canadiense Minera IRL han llegado a un acuerdo transaccional con el que se pone fin al arbitraje que mantenían en Lima y se evitan nuevas controversias.

Las partes han acordado que COFIDE pagará a Minera IRL 34 millones de USD conforme al laudo arbitral. Asimismo, Minera IRL ha acordado pagar a COFIDE 70 millones de USD y 32 millones de USD en concepto de intereses para amortizar el préstamo que existía entre las partes.

El arbitraje se inició en relación con una carta de mandato suscrita en 2015 por la que se autorizaba a COFIDE a estructurar una línea de crédito de unos 240 millones de USD para financiar la construcción del proyecto Ollachea. No obstante, en 2017 Minera IRL acusó a COFIDE de haber puesto fin a la carta de mandato como parte de la nueva estrategia del banco para centrarse en la financiación de medianas y pequeñas empresas.

La empresa canadiense demandó a COFIDE ante un tribunal de la Cámara de Comercio de Lima, que concluyó que COFIDE había incumplido las obligaciones asumidas en el préstamo, aunque admitió la validez de la extinción de la carta de mandato. 

Venezuela

PDVSA accede a pagar un laudo CCI favorable a Conoco

PDVSA, empresa petrolera propiedad del Estado venezolano, ha accedido a pagar a ConocoPhillips (Conoco) 48 millones de USD después de que Conoco amenazara con ejecutar un laudo CCI por la expropiación de un proyecto petrolífero offshore.

La controversia comenzó en 2016, cuando Conoco presentó demanda de arbitraje ante la CCI contra PDVSA y su filial Corporación Venezolana de Petróleo, a las que reclamaba indemnización por la nacionalización de su proyecto petrolífero offshore. 

En 2019, el tribunal CCI con sede en Nueva York desestimó la demanda. Aunque condenó a PDVSA a pagar a Conoco 33,7 millones de USD y 2,7 millones de USD en concepto de intereses y costes en relación con un préstamo pendiente para financiar la compra de su participación en el proyecto petrolífero.

PDVSA no impugnó la acción de ejecución ejercitada por Conoco en un Tribunal de Distrito de Nueva York, pero sí acusó a Conoco de haber “inflado notablemente” el laudo en 8 millones de USD al afirmar que también se adeudaban intereses compuestos. Después de devolver la cuestión sobre los intereses para su aclaración al tribunal arbitral, el tribunal de Nueva York resolvió, por acuerdo de las partes, que el valor del laudo debía fijarse en 48 millones de USD.

Finalmente, las partes han acordado renunciar a cualquier posible impugnación del reconocimiento del laudo, aunque PDVSA se ha reservado derechos en relación con su ejecución. Por otra parte, Conoco ha accedido a suspender la ejecución durante un período de 18 meses a menos que la Office of Foreign Assets Control, que ha impuesto sanciones contra activos venezolanos en EEUU, le autorice a no hacerlo.