Newsletter Arbitraje Internacional - Diciembre 2020 | Panorama Regional: Oriente Medio y África

Egipto

Un tribunal egipcio confirma un laudo relativo a un proyecto portuario

El Tribunal de Apelación de El Cairo ha confirmado un laudo CCI que exige a la Autoridad Portuaria de Damietta (DAP) que pague 490 millones de USD a DIPCO, un consorcio kuwaití.

En el arbitraje iniciado por DIPCO se solicitaba una indemnización a la autoridad egipcia por haber rescindido en 2015 un contrato con DIPCO para construir, explotar y transferir una terminal de contenedores en el puerto de Damietta, en la costa mediterránea egipcia.

El Tribunal de Apelación consideró que no estaba facultado para revisar la decisión del tribunal arbitral sobre la legislación egipcia y negó que hubiera existido infracción alguna del orden público egipcio. Aunque la DAP sostuvo que la legislación egipcia impide la arbitrabilidad de las controversias originadas por contratos y concesiones públicas, el tribunal concluyó que el acuerdo sometido a arbitraje era un contrato de derecho privado, aplicando así el principio de autonomía de la voluntad de las partes y validando, por tanto, el convenio arbitral.

GUINEA ECUATORIAL

Acción de ejecución de un laudo contra Guinea Ecuatorial

La empresa suiza Marseille-Kliniken AG (MK) ha ejercitado ante el Tribunal de Distrito de Columbia, en EEUU, acción de ejecución de un laudo de 9,3 millones de USD dictado por un tribunal arbitral con sede en Zurich y administrado por la Institución de Arbitraje de las Cámaras Suizas, contra Guinea Ecuatorial.

La controversia está relacionada con un contrato suscrito en 2009 para la gestión de un hospital en la ciudad portuaria de Bata. Según el contrato, MK sería el operador del hospital y se establecía un proceso en dos fases para la asunción de la gestión. La empresa suiza afirma que cumplió todas las obligaciones correspondientes a la primera fase a mediados de 2010, pero que el Estado empezó entonces a impedirle el acceso al sistema informático y software recién instalados. En 2011, los administradores de MK fueron desalojados de las instalaciones y se les ordenó abandonar el país en 48 horas. La empresa suiza dejó el hospital y salió del país poco después.

MK comenzó un primer arbitraje contra el Estado en 2011, que acabó en acuerdo transaccional. La empresa suiza inició entonces un segundo arbitraje, en el que reclamó el 10% restante de los honorarios de gestión y los honorarios de gestión impagados respecto a toda la duración del contrato de gestión.

En el segundo laudo se determinó el pago de honorarios hasta el inicio de 2015, con deducción de los gastos que MK se había ahorrado. MK ha declarado que a los tipos de cambio vigentes el valor del laudo es de más de 9,3 millones de USD sin incluir intereses.

LIBIA

Derrota del Estado libio en una demanda de inversión

No ha prosperado el recurso de Libia contra el laudo CCI de 22 millones de USD ante el Tribunal Federal suizo, que ha resuelto a favor de la constructora turca Etrak, después de que el gobierno libio hubiera incumplido un acuerdo transaccional anterior.

El tribunal suizo concluyó que los árbitros de la CCI estaban legitimados para decidir sobre la validez del acuerdo transaccional y también que habían ratificado correctamente su competencia conforme al APRI entre Turquía y Libia.

Etrak acometió más de 35 proyectos de construcción en Libia, pero suspendió las obras en los años 90 por el impago de facturas. Después de que un órgano jurisdiccional libio reconociera el derecho de Etrak, el viceministro de Economía libio firmó un acuerdo transaccional con la compañía turca en 2013. Pero llegado el año 2016 sin que Libia hubiera realizado ningún pago, Etrak se vio obligada a presentar una demanda de arbitraje.

El tribunal de la CCI ratificó su competencia al determinar que el acuerdo transaccional de 2013 era válido conforme a la legislación libia y constituía una inversión protegida por el APRI. También concluyó que el Estado había incumplido el principio de trato justo y equitativo del APRI, condenando a Libia a pagar 22 millones de USD. Cuando el arbitraje aún se encontraba en curso, Libia impugnó el acuerdo ante los tribunales libios, que resolvieron a su favor anulando el acuerdo transaccional.

En este contexto, Libia alegó ante el tribunal suizo que los árbitros habían aplicado indebidamente el principio de kompetenz-kompetenz, ya que debían haberse coordinado con los tribunales libios en defensa de la “cortesía internacional”. El tribunal suizo rechazó este argumento puesto que la cuestión de la validez del acuerdo se había planteado primero ante los árbitros de la CCI. Por último, Libia alegó que las reclamaciones de Etrak quedaban fuera del período de efectividad del APRI entre Turquía y Libia, que no entró en vigor hasta 2011. El tribunal también desestimó este argumento, explicando que la controversia giraba en torno al incumplimiento por Libia del acuerdo transaccional de 2013.