Newsletter Arbitraje Internacional - Diciembre 2021 | Panorama Regional: Europa
Las novedades europeas más destacadas por la práctica global de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues.
ESPAÑA
España no consigue la reapertura de un caso del CIADI basada en la sentencia ‘Komstroy’
Menos de tres meses después de dictarse sentencia en el caso Komstroy v. Moldova (ECJ Case 741/19), un tribunal del CIADI emitió la primera decisión en relación con el intento por parte de un Estado miembro (España) de reabrir un caso basado en el TCE presentando nuevas alegaciones en las que invocaba la sentencia del caso Komstroy
El tribunal arbitral denegó la reapertura del caso por considerar que, además de que la decisión era res judicata, la sentencia Komstroy no cambiaba sus conclusiones, puesto que prevalecen los Principios de Derecho Internacional aún si se considera que los arbitrajes intracomunitarios basados en el TCE son contrarios al Derecho de la UE.
FRANCIA
Un laudo de un tribunal de la CCI se mantiene firme frente al COVID-19
Los órganos jurisdiccionales franceses han decidido ratificar un laudo de un tribunal de la CCI dictado al comienzo del confinamiento por el COVID-19.
Debido a la incertidumbre reinante en la época, cuando dictó el laudo, el tribunal no se reunió en persona y cada árbitro firmó una página de firmas separada y fechada en el día en que cada uno estampó su firma. Según la recurrente, este hecho suscitaba dudas acerca de la fecha de firma del laudo y sobre si cada árbitro había firmado, efectivamente, el mismo documento.
Los tribunales franceses han desestimado el recurso afirmando que, en la fecha de firma del laudo, fechado claramente el 26 de marzo de 2020, la CCI no había establecido directrices ni protocolos para hacer frente al COVID-19, por lo que los árbitros tenían libertad para obrar como consideraran conveniente en ese momento, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
FINLANDIA
Finlandia se enfrenta a su primera demanda de arbitraje, presentada por un inversor chino
En enero de 2021, tras haber estado detenido por sospechas de facilitar la inmigración ilegal y el tráfico de personas en su centro de negocios, que fue registrado y cerrado por las autoridades finlandesas, el inversor chino Wang Jiazhu presentó un arbitraje ad hoc contra Finlandia en Londres conforme al reglamento de la CNUDMI, al amparo del APRI entre China y Finlandia. Se trata del primer arbitraje de inversión contra Finlandia, que ha planteado objeciones de competencia basadas en que Wang Jiazhu también ha acudido a los órganos jurisdiccionales finlandeses, incumpliendo así la cláusula de opción irrevocable («fork in the road») del APRI.
El caso tiene su origen en 2007, cuando el proyecto en el que Wang Jiazhu había invertido, llamado “China Centre”, abrió en Finlandia para la promoción de productos y empresas del país asiático. En 2009, las autoridades finlandesas llevaron a cabo un registro sin precedentes, con un despliegue de 150 agentes de seguridad y policías, así como dos helicópteros y perros policías, del Centro y de Wang Jiazhu bajo sospechas de inmigración ilegal y de tráfico de personas. Wang Jiazhu fue arrestado y detenido durante 3 meses, siendo puesto en libertad sin cargos en 2010 por decisión del Tribunal Supremo finlandés. Declaró que, mientras estuvo detenido, las autoridades rechazaron injustamente sus solicitudes de libertad provisional y le obligaron a firmar un documento redactado en finés, idioma que desconoce, para autorizar a su banco prestamista a vender sus bienes.
Posteriormente, demandó a las autoridades finlandesas ante los tribunales del país, reclamando una indemnización de 440 millones de euros, que fue denegada. Inició entonces un arbitraje ante la CNUDMI con sede en Londres, acusando a las autoridades finlandesas de haber incumplido los principios de trato justo y equitativo y sobre expropiación, así como la garantía de seguridad y protección constantes, recogidos en el APRI. Además de las objeciones basadas en la cláusula de opción irrevocable, las autoridades finlandesas también alegaron que el defensor del pueblo parlamentario determinó la legalidad de las medidas adoptadas contra Wang Jiazhu y su Centro.
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