Newsletter Arbitraje Internacional - Enero 2019 | Panorama Regional: Oriente Medio y África

EGIPTO

Ejercen una acción de ejecución contra una empresa de gas egipcia a pesar de alcanzar un acuerdo transaccional

La empresa de gas egipcia East Mediterranean Gas (EMG) ha ejercido ante el Tribunal de Distrito de los EEUU correspondiente al Distrito de Columbia una acción de ejecución de un laudo de la CCI, por el que se condena a dos empresas estatales egipcias, EGAS y EGPC,  a pagarle 288 millones de USD por cancelar un contrato para el suministro de gas a Israel, a pesar del acuerdo transaccional alcanzado con algunos de sus accionistas.

La controversia en cuestión está relacionada con un contrato de compraventa de gas que fue posible gracias a un tratado de paz entre Israel y Egipto por el que EMG suministraba gas a clientes de Israel a través de un gasoducto submarino construido y operado por ella. La acción de ejecución se ha presentado a pesar de haberse alcanzado un acuerdo transaccional en virtud del cual algunos accionistas de EMG vendieron una participación minoritaria a la israelí Delek Drilling, la texana Noble Energy y la egipcia East Gas Company, supuestamente a cambio de un derecho exclusivo de arrendamiento y uso del gasoducto. El contrato de compraventa de acciones incluía una cláusula según la cual los accionistas vendedores de EMG «renunciarán a toda reclamación, acción, laudo, decisión u orden que tengan contra el gobierno egipcio y empresas de su propiedad en el marco del procedimiento arbitral».

La CCI intenta impedir la ejecución de un laudo ilegítimo dictado en El Cairo

La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ha solicitado la venia del Tribunal de Distrito de los EEUU correspondiente al Distrito Norte de California para presentar un escrito de amicus curiae  en apoyo de los intentos por parte de Chevron de impedir la ejecución de una resolución de 18 millones de USD que, según la empresa energética, fue emitida por una institución arbitral impostora en El Cairo. Los acreedores sauditas y egipcios de la resolución iniciaron la acción de ejecución en junio del pasado año, con la intención de cobrar el importe del laudo dictado por el International Arbitration Centre o IAC  en El Cairo.  Los acreedores solicitantes ejercieron simultáneamente una acción de ejecución en Houston contra la petrolera saudí Aramco, que según ellos también está obligada por el laudo. La Corte de la CCI tiene que presentar aún una petición similar para intervenir en ese procedimiento y no está claro si lo va a hacer.

Los acreedores, entre los que hay miembros de la familia real saudita, alegan que son herederos de una concesión de 1933 otorgada por sus antepasados a una compañía predecesora de Chevron y Aramco, Standard Oil of California, y que se les adeudan unos 82.000 millones de USD en concepto de ingresos no percibidos por alquileres y petróleo asociados a unos terrenos que debían haberles sido devueltos después de 60 años. En junio de 2015, un tribunal arbitral resolvió a su favor tras un turbulento procedimiento, durante el que el tribunal fue reconstituido en varias ocasiones y en el que intervinieron un total de siete árbitros en diversos momentos del mismo. La IAC dijo que un laudo dictado previamente por un solo árbitro no le había sido legalmente notificado a su dirección, allanando el camino para que el tribunal reconstituido se declarase competente y dictara el cuantioso laudo contra Chevron y Aramco.

LIBIA

Demanda ante la CNUDMI contra Libia por un inversor emiratí en relación con una refinería de petróleo

El inversor emiratí Trasta Energy, socio de la joint venture con la libia National Oil Cooperation, que operaba la mayor refinería de petróleo de Libia, ha solicitado un arbitraje ante la CNUDMI contra Libia en virtud del Tratado de la Organización para la Cooperación Islámica de 1981 («Tratado OIC").

La demanda de Trasta afecta a la refinería de Ra’s Lanuf en la costa mediterránea de Libia. Libya Emirates Oil Refining Company (LERCO) se hizo con el control de la refinería en 2008, después de años de abandono debido a las sanciones internacionales que paralizaron el país.

Trasta acusa al estado de varios incumplimientos del derecho consuetudinario internacional y del Tratado OIC. Afirma que estos incumplimientos le hicieron incurrir en «daños progresivos» que finalmente desembocaron en la expropiación de su inversión. Trasta también pretende la restitución de la inversión o el cobro de indemnización de daños y perjuicios y lucro cesante, incluidos daños morales por  menoscabo de su reputación, acoso y persecución.

MARRUECOS

Marruecos se enfrenta a un arbitraje ICSID interpuesta por una empresa de reciclaje de chatarra alemana

La empresa alemana de reciclaje de chatarra Scholz Holding y su matriz alemana, Scholz Recycling, han presentado una demanda contra Marruecos ante el CIADI de conformidad con el APRI de 2001 entre Alemania y Marruecos. La controversia se refiere a la compra en 2016 de Scholz Holding por la empresa china de reciclaje de chatarra Chiho-Tiande Group. La compañía tiene una filial marroquí, Scholz Metall Marokko.

CATAR

Tres prominentes árbitros condenados en Catar

El Tribunal Penal Inferior de Doha ha estimado las acusaciones contra los reconocidos árbitros Sami Houerbi y Samir El Annabi, de Túnez y Nathalie Najjar, de Líbano, condenándolos en rebeldía a tres años de cárcel. Las acusaciones están relacionadas con la decisión de los árbitros de transferir la controversia que dirimían en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Catar (QICCA) para que se tramitara como arbitraje ad hoc en Túnez. El tribunal resolvió que los árbitros habían participado en una trama para perjudicar al Jeque Khaled Nasser Abdullah Al Misnad –tío del actual Emir de Catar. El tribunal también determinó que los árbitros, a los que se describe en la sentencia como «funcionarios públicos», obtuvieron «beneficios ilícitos» de la trama.

Las condenas han sido recibidas con críticas por parte de la comunidad arbitral internacional,  muchos de cuyos profesionales han manifestado su sorpresa y han destacado que pueden causar un daño perdurable a la reputación de Catar como sede de arbitraje.