Newsletter Arbitraje Internacional - Febrero 2020 | Panorama regional: El continente americano

Chile

Chile derrota el último intento de Víctor Pey y de la Fundación Presidente Allende en el caso Clarín 

Después de 22 años, el mes pasado se puso fin a la controversia de mayor duración administrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Se trata del caso de Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende contra Chile.

Este arbitraje comenzó con la demanda presentada por el escritor y la fundación ante el CIADI en 1997, en la que solicitaban una indemnización de 322.000.000 USD por la expropiación del diario Clarín tras el golpe de Estado en Chile en 1973.

Después de dos procedimientos arbitrales y de sendas acciones de anulación, la controversia habría finalizado después de que el comité designado ad hoc desestimara el 8 de enero de 2020 la solicitud de los demandantes para la anulación del laudo dictado en septiembre de 2016, por el que se les denegó la indemnización reclamada.

Por lo tanto, Chile no tendrá finalmente que indemnizar a los demandantes al haberse concluido que éstos no han demostrado daños y perjuicios cuantificables derivados de la infracción del Tratado Bilateral de Inversión de 1994 entre España y Chile.

Paraguay

Un contratista de carriles para autobuses de alta velocidad presenta una demanda de inversión contra Paraguay

El grupo constructor portugués Mota-Engil ha presentado una demanda de 25 millones de USD ante UNCITRAL contra el Estado paraguayo por no haber entregado los terrenos para la construcción de una red de carriles de autobús de alta velocidad en la capital, Asunción, cuyo sistema de transporte se conoce localmente como Metrobús.

La demanda presentada contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay tiene su origen en el contrato de concesión suscrito con Mota-Engil para un proyecto de 54 millones de USD consistente en el diseño y construcción de un sistema de carriles de alta velocidad en la capital del país, que iba a conectar varias ciudades en la zona metropolitana de Asunción.

En la demanda se alega que el Ministerio no aportó todos los terrenos que Mota-Engil necesitaba para las obras de construcción, que se paralizaron por completo a finales de 2018. La suspensión obligó a Mota-Engil a adoptar varias medidas para impedir que las obras que ya se habían realizado no bloquearan las vías de la capital.

La empresa portuguesa reclama una indemnización al Estado por no haber proporcionado el 60% de los terrenos que se habían comprometido para la construcción, y también por las multas que le fueron impuestas a la empresa por no haber completado las obras, debido, según afirmó, a que no tuvo acceso a los terrenos necesarios.

Perú

Odebrecht presenta una demanda de inversión contra Perú

La filial luxemburguesa de Odebrecht Latinvest ha presentado una demanda de 1.200 millones USD ante el CIADI por las medidas emprendidas por el Perú después de que el grupo constructor reconociera haber pagado sobornos millonarios para conseguir proyectos en 12 países.  La demanda se ha presentado de acuerdo con el tratado bilateral de inversión de 2005 suscrito por Perú con  la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.

Odebrecht alega que el 24 de enero de 2017, el Estado peruano canceló “arbitrariamente” el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano y adoptó otras medidas en relación con el proyecto que “vulneraban” los derechos de la filial de la compañía brasileña, como, entre otras, la ejecución de la correspondiente carta de garantía.

Por otra parte, afirma que el Estado no aprobó la enmienda propuesta de bancabilidad del contrato de concesión, que necesitaba para poder vender sus derechos de participación en el proyecto a un tercero, «porque el Estado no estaba legalmente obligado a satisfacer la solicitud del demandante».

EE.UU.

Aseguradoras alemanas impugnan un laudo relativo a la ejecución de acuerdos transaccionales

La aseguradora alemana HDI Global (HDI) ha ejercido acción de nulidad en relación con un laudo de la CNUDMI que le obliga a cubrir una suma aproximada de 44 millones USD que ha de pagarse en cumplimiento de los acuerdos transaccionales pactados por la empresa energética Houston Philips 66 y que ponen fin a los litigios por la contaminación causada por un aditivo de gasolina. La controversia está relacionada con una póliza de seguro contratada en 1998 con Gerlin, la antecesora de HDI, por Tosco, empresa dedicada al refinado de gasolina y la venta de otros derivados del petróleo y que es, a su vez, la antecesora de Philip 66.

Tosco, junto con otros fabricantes y distribuidores de gasolina, fueron acusados por varias entidades públicas estadounidenses de contaminar aguas subterráneas debido a filtraciones de éter metil tert-butílico (MTBE), sustancia artificial que se añade a la gasolina para reducir las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos. Las diversas demandas presentadas contra Tosco y los demás demandados acabaron en transacción.

Como resultado de la transacción, Tosco y Gerin decidieron modificar la cláusula arbitral de la póliza, acordando que las controversias relativas a MTBE se resolverían mediante arbitraje con sede en Nueva York y que los laudos no serían recurribles, salvo en caso de fraude o error manifiesto.

El laudo impugnado se dictó en la tercera fase de un arbitraje desarrollado en varias etapas y que se inició en 2013 en relación con una serie de demandas transigidas por Tosco. En la mayor parte de estas demandas, los árbitros entendieron que era aplicable una excepción a la exclusión del seguro de responsabilidad entre Gering y Tosco, puesto que la contaminación no procedía de la actividad de Tosco sino de terceros que utilizaban gasolina producida por Tosco.

HDI se opone afirmando que la cláusula de exclusión de la póliza no ha sido correctamente interpretada por los árbitros, por lo que solicita la anulación del laudo.

Venezuela

Un inversor farmacéutico español presenta una notificación de arbitraje contra Venezuela

El empresario español Raimundo Santamarta ha presentado una notificación de arbitraje contra Venezuela al amparo del APRI entre España y Venezuela por la expropiación de sus inversiones en una empresa farmacéutica familiar, SM Pharma, fabricante y distribuidora venezolana de productos farmacéuticos fundada por la familia Santamarta en los años 70.

Santamarta reclama al Estado venezolano una indemnización millonaria, no inferior a 200 millones de USD, por las medidas discriminatorias que adoptó con el objeto de perjudicar a su empresa farmacéutica, incluida la confiscación ilegal de los activos de la planta de producción de SM Pharma.

La familia Santamarta invirtió en Venezuela en los años 70 y desarrolló un exitoso negocio farmacéutico que se expandió por todo el país. Pero desde 2015 varias autoridades y entidades públicas venezolanas han venido adoptando medidas discriminatorias y arbitrarias dirigidas a obstaculizar las actividades de la familia Santamarta que han desembocado en la toma del control de las operaciones de SM Pharma y, en última instancia, en la confiscación ilegal de los bienes de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión.