Newsletter Arbitraje Internacional - Febrero 2020 | Panorama regional: Europa
Las novedades europeas más destacadas por la práctica global de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues.
Italia
Presentan una demanda contra Italia por la incautación de un parque eólico
El banco alemán Hamburg Commercial Bank ha presentado una demanda contra Italia ante el CIADI bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
El origen de la demanda está en la incautación de un parque eólico, para cuya construcción Hamburg Commercial concedió un préstamo de 230 millones de euros, debido a la supuesta relación de un accionista minoritario indirecto del proyecto con la Mafia Ndrangheta.
La solicitud de arbitraje de Hamburg Commercial se basa en la expropiación por Italia de su inversión tanto a través de la incautación del parque como a través de las medidas dictadas por los juzgados italianos que entendieron del caso. También alega el incumplimiento del principio de trato justo y equitativo del TCE.
Chipre
Un tribunal del CIADI se declara competente en una demanda colectiva intracomunitaria contra Chipre
En 2015, 956 inversores griegos presentaron una demanda ante el CIADI contra Chipre con el fin de recuperar fondos y bonos depositados en el Banco de Chipre y el Laiki Bank, ya desaparecido, por valor de 300 millones de euros. Alegaron que los fondos y bonos depositados fueron confiscados por Chipre como consecuencia del acuerdo de rescate de 10.000 millones de euros que suscribió con la denominada Troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
El tribunal del CIADI ha admitido la demanda presentada por los inversores conforme al APRI de 1992 entre Grecia y Chipre, al tiempo que ha desestimado la objeción jurisdiccional planteada por el Estado sobre la base de la sentencia del caso Achmea del Tribunal Europeo de Justicia en relación con los tratados bilaterales de inversión intracomunitarios.
España
Condenan a España a indemnizar a otro inversor por los recortes a su régimen de ayudas a las energías renovables
Se ha conocido recientemente la decisión de un tribunal del CIADI favorable, pero solo en parte, a la demanda presentada por el inversor alemán RWE Innogy contra España por las reformas del sector de las renovables.
Mediante decisión dictada a finales de diciembre de 2019, el tribunal determinó que las reformas afectaron de forma desproporcionada a RWE aunque no frustraron las expectativas legítimas del inversor.
El tribunal instó a las partes a llegar a un acuerdo sobre el importe de la indemnización que ha de pagar España. En ausencia de acuerdo, será el propio tribunal el que fije el importe.
Aceptada la recusación de un árbitro sueco planteada por España
La Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) ha aceptado la solicitud de recusación del árbitro sueco Kaj Hóber, que había sido designado por la demandante inglesa FREIF Eurowind en los arbitrajes iniciados contra España sobre la base del TCE (FREIF Eurowind contra España (Caso de la Cámara de Comercio de Estocolmo Nº 2017/060).
Aunque no se han hecho públicos los motivos de la recusación, parece que podría obedecer a su opinión discrepante en otro caso anterior contra España basado en el tratado por las reformas de las renovables (caso Stadtwerke CIADI).
Nueva sentencia contraria a España por las renovables
En un nuevo caso basado en el TCE por las reformas del sector de las renovables, España ha sido condenada a pagar 77 millones de euros (Watkins Holdings S.à.r.l. y otros contra el Reino de España; Caso del CIADI número ARB/15/44).
Esta sentencia supone la resolución número 13 contraria a España por las reformas y pone fin a la racha de resultados favorables que venía obteniendo en los últimos meses.
Un órgano jurisdiccional estadounidense admite la suspensión de la ejecución de un laudo referente a energía solar solicitada por España
El Tribunal de Distrito de Columbia (EE.UU.), ha admitido la solicitud presentada por España para la suspensión de la ejecución de un laudo basado en el TCE favorable a Novenergia, por el que se condenó a España a pagar 53 millones de euros.
España basó su solicitud de suspensión de la ejecución en el recurso interpuesto en la Corte de Apelación de Svea para la anulación del laudo. El juez estadounidense ha considerado que las cuestiones son importantes para la Unión Europea, que está mejor posicionada para examinarlas en sus tribunales.
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