Newsletter Arbitraje Internacional - Febrero 2020 | Panorama regional: Oriente Medio y África

Yibuti

Condenan a Yibuti a restituir los derechos de DP World sobre una importante instalación portuaria en el Mar Rojo

El árbitro único en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres («LCIA») en el seno del arbitraje que enfrenta a DP World con Yibuti por la Terminal de Contenedores de Doraleh (TCD) ha dado al país africano un plazo de dos meses para restituir el control de DP World sobre la instalación o para pagar indemnización de daños y perjuicios.

En 2006, DP World firmó un contrato de concesión con Yibuti para la construcción y explotación de la TCD durante 50 años. Pero en 2018, el país africano decidió hacerse con el control de la instalación portuaria de DP World después de aprobar una ley que supuestamente facultaba a Yibuti para poner fin a contratos de infraestructuras.

Como consecuencia de la expropiación de la TCD, DP World, sociedad estatal de Dubai, presentó una demanda contra Yibuti en 2018 ante la LCIA. Esta resolución sigue al laudo parcial dictada por el árbitro que declaraba ilegal la expropiación de la instalación portuaria.

Egipto

Una comisión del CIADI anula la suspensión de la ejecución de un laudo de 2.000 millones de USD contra Egipto

El hecho de que el Estado egipcio no haya aportado la garantía requerida por la comisión de anulación del CIADI para asegurar el pago del laudo de 2.000 millones de USD favorable a la UTE Unión Fenosa Gas (UFG) en caso de que la acción de anulación de Egipto no prospere, ha llevado a la comisión a levantar la suspensión de la ejecución del laudo.

El laudo dictado en agosto de 2018 condenaba a Egipto a pagar a la UTE UFG, participada por la española Naturgy y la italiana Eni al 50%, la suma de 2.000 millones de USD por las inversiones realizadas, mediante un contrato de compraventa de acciones, en una planta de gas natural licuado en la costa mediterránea de Egipto.

En enero de 2019, Egipto solicitó la anulación del laudo alegando que UFG había utilizado contactos indebidos para ganar el contrato de construcción de la planta. Estas alegaciones habían sido previamente desestimadas por la mayoría del tribunal, que determinó que no había pruebas de pagos o influencia sobre terceros que pudieran levantar sospechas de corrupción.

En un primer momento, esta petición de anulación presentada por Egipto derivó en la suspensión de la ejecución del laudo por la comisión de anulación del CIADI. No obstante, la comisión requirió a Egipto para que aportara garantías que aseguraran el puntual cumplimiento del laudo en el caso de que no prosperara la anulación, requerimiento que Egipto no ha cumplido.

Congo

Una empresa minera propiedad del Estado congoleño transige una demanda de la CCI contra una compañía china

La empresa minera propiedad del Estado congoleño Gécamines ha decidido resolver amistosamente la demanda que presentó ante la CCI contra las filiales del grupo chino Jinchuan («Jinchuan») en relación con una controversia por una mina de cobre en Ruashi. Las filiales de Jinchuan han acordado pagar 25 millones de USD para resolver el conflicto, pero sin asumir ninguna responsabilidad.

En la demanda, presentada en 2017, Gécamines reclamó originalmente 100 millones de USD de royalties y cánones  impagados a la empresa conjunta que explotaba la mina, formada por Ruashi Hodings, filiales de Jinchuan y Gécamines, pero posteriormente el importe reclamado se incrementó a 150 millones USD.

El acuerdo no solo pondrá fin al arbitraje, sino que también modificará el contrato de empresa conjunta entre las compañías de China y Congo con el fin de “aclarar y ajustar” las cláusulas para el cálculo de los royalties que deben pagarse a Gécamines y los cánones adicionales por contenido de mineral que puedan ser pagaderos en el futuro.

Tanzania

Tanzania, amenazada con tres demandas en relación con licencias para la extracción de oro 

Tres empresas (las canadienses Winshear Gold y Montero Mining and Exploration y la británica Ntaka Nickel Holding Company) han amenazado con presentar demandas de inversión contra Tanzania a causa de la normativa por la que se han revocado una serie de licencias mineras.

Las tres compañías han anunciado la presentación de la notificación de controversia al gobierno de Tanzania al amparo de los respectivos APRI en relación con su inversión en distintos proyectos mineros en Tanzania.

La controversia está relacionada con las licencias de retención en virtud de las cuales las tres compañías explotan sus minas en Tanzania. Estas licencias de retención son un tipo de licencia que el gobierno concede a las empresas mineras que descubren yacimientos mineros valiosos que no pueden desarrollarse de manera inmediata por dificultades técnicas, por la situación adversa del mercado o por otros factores económicos. Las licencias de retención fueron revocadas por los Reglamentos Mineros adoptados por Tanzania en enero de 2018, que prevén la cesión de todos los derechos derivados de tales licencias al gobierno de Tanzania.