Newsletter Arbitraje Internacional - Julio 2019 | Panorama regional: Asia Pacífico

Bangladesh

Presentan una demanda ante el CIADI contra Bangladesh en una controversia relacionada con un yacimiento de petróleo

La energética canadiense Niko Resources ha presentado una nueva demanda ante el CIADI por más de 100 millones de USD contra Bangladesh y su empresa estatal de petróleo y gas Petrobangla por la retención de pagos relacionados con un contrato de reparto de la producción en una zona  conocida como Bloque 9, un yacimiento de gas al sureste de Dhaka.

De acuerdo con Niko, el nuevo procedimiento del CIADI es resultado de la retención indebida de pagos contemplados en el contrato. El inversor reclama una indemnización de daños de más de 100 millones de USD por el impago de cantidades debidas y la efectiva expropiación de su participación en el bloque.

Petrobangla suspendió los pagos después de que el Tribunal Supremo de Bangladesh dictara medidas cautelares en 2016 por las que se impedía al gobierno dar cualquier tipo de beneficio a Niko mientras se encuentre pendiente un litigio de interés público iniciado por un académico local ante dicho tribunal. El citado litigio no guarda relación con el Bloque 9 sino con contratos sobre los yacimientos Feni y Chattak, que Niko ha sido acusado de haber conseguido mediante sobornos.

India

El grupo malayo de televisión por satélite Astro retira dos demandas de inversión contra India

Dos entidades del grupo malayo de televisión por satélite Astro, la británica Astro All Asia Networks y la mauritana South Asia Entertainment Holdings, han retirado sendas demandas de inversión contra la India, con las que pretendían que se pusiera fin a la investigación de sobornos.

Un tribunal de la CNUDMI dictó sentencias en conformidad en las que se consignaba la retirada de las demandas y se ordenaba a los demandantes a pagar el importe íntegro de las costas.

Los casos eran una ramificación del escándalo por el espectro 2G en la India, en el que el Tribunal Supremo indio canceló 122 licencias de espectro 2G después de que se hiciera público que ciertas empresas habían sido autorizadas por ministros para comprar licencias a precios rebajados. El escándalo dio lugar al inicio de procedimientos penales contra una serie de directivos y funcionarios públicos acusados de cohecho. 

En 2014, las autoridades indias iniciaron procedimientos penales contra los demandantes, acusándolos de haber invertido en la compañía de TV por satélite Sun Direct TV como soborno con carácter retroactivo del entonces ministro de telecomunicaciones de India  Dayanidhi Maran.

Las acusaciones contra los demandantes, así como todas las demás relacionadas con el escándalo del espectro 2G, se sometieron a la consideración de un tribunal especial. El tribunal desestimó la causa contra todos los acusados en 2017, decisión que ahora ha sido recurrida.

Astro All Asia y South Asia Entertainment presentaron sus demandas en 2016 conforme a los tratados bilaterales de inversión entre el Reino Unido e India y Mauricio e India, respectivamente, para lograr la suspensión de las causas penales. Alegaron que India los había sometido a una investigación injusta y parcial, que incumplía varias disposiciones de los TBI.

Corea del Sur

Corea del Sur se enfrenta a una demanda ante el CIADI por expropiación

Corea del Sur ha recibido una demanda del CIADI por 2.000 millones de USD, simultánea a otra planteada ante la CCI. La demanda ha sido presentada por Gale Investments, empresa inmobiliaria familiar de Estados Unidos, que acusa a Corea de haber confiscado su inversión en un proyecto de urbanización sostenible cerca de Seúl, reclamando indemnización por los beneficios y bienes expropiados, por la pérdida de capacidad de inversión y de ganancias, así como por daños morales.

Gale ha presentado una notificación de controversia de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Corea del Sur, basado en la presunta violación por parte de Corea del Sur de las disposiciones de dicho tratado.

Malasia

Malasia cierra un acuerdo transaccional para evitar una demanda de inversión

Ha salido recientemente a la luz un acuerdo transaccional alcanzado en 2018 por el gobierno malayo y Boonsom Boonyanit, inversora tailandesa ya fallecida que perdió, mediante fraude, la propiedad de inmuebles, veinte años después de su fallecimiento. Mediante dicho acuerdo, el gobierno malayo evitó una potencial demanda basada en el tratado de la Asociación de Naciones del Suedeste Asiático (ASEAN).

En 1967, Boonyanit compró dos inmuebles en Malasia y los inscribió a su nombre en el sistema de registro de la propiedad del país.  En 1997, una persona se hizo pasar por Boonyanit y falsificó su firma para vender los inmuebles a un tercero llamado Malaysia’s Adorna Properties. Boonyanit presentó una demanda contra la transmisión en los años noventa. Pedió el primer juicio, pero ganó el recurso.

Pero en el año 2000 el Tribunal Supremo malayo revocó la sentencia del tribunal de apelación, resolviendo que, a pesar de la transmisión fraudulenta, Adorna había adquirido la propiedad irrevocable del inmueble como comprador de buena fe. Boonyanit falleció y su hijo recurrió la última resolución, pero el tribunal malayo denegó la anulación o modificación de su resolución en el caso del Fraude Inmobiliario de Boonyanit en 2010. Después de reexaminar la sentencia, el Tribunal Federal reconoce que fue una "decisión claramente errónea" y lo "lamenta profundamente". Los herederos de Boonyanit consideran que el reconocimiento y declaración del tribunal federal demuestra que el comportamiento de Malasia fue "erróneo y extremo" y vulneró el tratado.

En 2017, los herederos de Boonyanit acusaron al tribunal malayo de haberla privado del valor y disfrute de su inversión inmobiliaria, infringiendo con ello el tratado de ASEAN, y reclaman una indemnización de varias decenas de millones de dólares.

Singapur

El SICC emite una primera resolución en relación con un arbitraje del SIAC

El Singapore International Commercial Court (SICC) ha emitido su primera resolución en relación con un arbitraje, determinando que no tiene potestad para ampliar el plazo de tres meses para impugnar laudos de acuerdo con la Ley Modelo de la CNUDMI.

El tribunal desestimó la petición de una sociedad cotizada tailandesa de anular un laudo firme dictado por un árbitro único del Singapore International Arbitration Centre (SIAC) en 2018 a favor de una sociedad mauritana, cuyas partes se mantienen en el anonimato.

El conflicto está relacionado con la obligación del demandado mauritano, de acuerdo con un contrato de compraventa de acciones suscrito en 2012, de indemnizar a la compañía tailandesa por los pagos de impuestos que realizó a autoridades de Tailandia. El contrato, regulado por la legislación de Tailandia, tenía por objeto la venta de las acciones que la compañía mauritana tenía en dos sociedades.

El Tribunal admitió los argumentos esgrimidos por las partes mauritanas en el sentido de que la solicitud de anulación se había presentado fuera de plazo y constituía fraude procesal.