Newsletter Arbitraje Internacional - Junio 2019 | Panorama regional: Oriente Medio y África

IRAQ

Una empresa de ingeniería canadiense ejerce una acción de ejecución de un laudo de la CCI contra Iraq

La empresa de ingeniería canadiense OGI Group Corporation ha ejercitado ante el Tribunal de Distrito de los EEUU correspondiente al Distrito Sur de Nueva York una acción para la ratificación y ejecución del laudo de la CCI, de 10 millones de USD, contra la compañía propiedad del estado iraquí SCOP- empresa de proyectos petrolíferos propiedad del ministerio de petróleo de Iraq, en una controversia por el desarrollo de un yacimiento de petróleo al sur de Iraq.

El conflicto trae causa de unos pagos no satisfechos en relación con el contrato, de 176 millones de USD, de suministro de materiales y servicios de diseño e ingeniería para el desarrollo del yacimiento de petróleo de Hamrin en Basra.

El tribunal de la CCI determinó que SCOP, al pagar los plazos sin pedir documentación técnica ni plantear ninguna objeción, aceptó «tácitamente» la conducta de OGI, condenando a SCOP a pagar a OGI las sumas pendientes por importe de más de 9,5 millones de USD.

MAURICIO

El Tribunal Supremo de Mauricio anula un laudo del SIAC contra una empresa estatal

El Tribunal Supremo de Mauricio ha anulado un laudo de 120 millones de USD del SIAC contra la empresa propiedad del estado Mauritius’ State Trading Corporation (STC), determinando que estaba basado en un contrato que se había conseguido mediante "incumplimiento flagrante y específico" de la legislación sobre contratación pública.

El laudo,‎ fechado en 2017, se dictó en contra de STC en una controversia con la empresa naviera Betamax, perteneciente a un conglomerado propiedad de la familia mauritana Bhunjun. El conflicto está relacionado con un contrato de fletamento suscrito en 2009 entre Betamax y STC, que es la entidad del gobierno mauritano responsable de la importación de materias primas.

En el contrato a 15 años, Betamax acordó transportar petróleo desde la ciudad india de Mangalore hasta la capital mauritana de Port Louis en su nuevo petrolero, el Red Eagle. El importe del contrato era de unos 230 millones de USD. Tras un cambio en el gobierno en 2014, STC anunció que resolvía el contrato porque había sido adjudicado mediante incumplimiento de la Ley de Contratación Pública (LCP) de 2006 de Mauricio En 2015, Betamax presentó una demanda de 170 millones de USD ante el SIAC contra STC  alegando que el contrato se ajustaba a la legislación mauritana y que se había resuelto indebidamente. El arbitraje se celebró en Mauricio.

Mediante laudo dictado en 2017, el SIAC se declaró competente para dirimir la disputa, resolviendo que STC estaba exenta de la obligación de cumplir la LCP en el momento en cuestión. Determinó que el contrato se había resuelto indebidamente y condenó a STC a pagar una indemnización de daños de 120 millones de USD más costas e intereses.

La entidad estatal alegó que el objeto de la controversia no era arbitrable puesto que afectaba a contratación pública; que el convenio arbitral no era válido según la legislación mauritana porque el contrato era ilegal; y que el laudo era contrario al orden público.

El Tribunal Supremo resolvió que no había duda de que el contrato no se adjudicó mediante cumplimiento de la LCP, que exige que los contratos importantes con órganos públicos sean aprobados por el Central Procurement Board (CPB). El tribunal concluyó que el contrato se licitó y se firmó por State Trading Corporation sin la aprobación del CPB y por lo tanto se «adjudicó ilegalmente».

Marruecos

Un consorcio marroquí inicia un inusual procedimiento de conciliación ante el CIADI contra Camerún

El consorcio marroquí La Camerounaise des Eaux (CDE), encabezado por la estatal marroquí National Office of Electricity and Drinking Water (ONEE) y en la que participan tres accionistas marroquíes de propiedad privada, las empresas de infraestructuras  MezZ y Delta Holding y la firma de consultoría Engima, ha iniciado un procedimiento de conciliación ante el CIADI contra Camerún y su organismo responsable de infraestructuras hidráulicas Cameroon Water Utilities Cooperation (Camwater), después de que éste rehusara prolongar su concesión de diez años para el suministro de agua potable en el estado centroafricano.

CDE alega el incumplimiento de un contrato de 2008 para la producción y distribución de agua potable en Camerún. El contrato fue otorgado por Camwater, sociedad holding de activos públicos creada en 2005 para gestionar infraestructuras hidráulicas y establecer asociaciones con inversores privados.

CDE reclama 172 millones de USD por «provocar el desequilibrio económico y financiero» del contrato y por el impago de facturas de agua.

Demanda contra Marruecos por el proyecto de un túnel

Una importante constructora italiana, Impresa Pizzarotti & C, ha presentado una demanda ante el CIADI por un valor aproximado de 50 millones de euros contra Marruecos al amparo del tratado bilateral de inversiones de 1990 entre Italia y Marruecos, en relación con el proyecto para la construcción de un túnel por debajo de una ciudadela histórica.

El conflicto gira en torno a la construcción de túneles gemelos que conectan una carretera de acceso costera con el centro histórico de Rabat, pasando por debajo de una ciudadela de 1000 años de antigüedad conocida como la Kasbah de Oudayas. Pizzarotti dirigía el consorcio que resultó adjudicatario del contrato para el proyecto en una licitación internacional organizada por la estatal Bouregreg Valley Development Agency, o AAVB. Comenzó las obras en 2007 pero el proyecto sufrió retrasos, abriéndose finalmente al tráfico en 2011.

En la demanda ante el CIADI, la compañía acusa a Marruecos de haber incumplido disposiciones del APRI, incluido el principio de trato justo y equitativo (TJE) y las disposiciones sobre expropiación. Las acusaciones relativas a los principios sobre TJE incluyen la frustración de las expectativas legítimas del demandante a causa del supuesto incumplimiento por parte del estado de determinadas promesas realizadas en el acuerdo de intenciones. Pizzarotti alega, asimismo, que la forma en que se dirimió el litigio marroquí equivalió a denegación de justicia.

Emiratos Árabes Unidos

Dos empresas energéticas emiratíes obtienen un laudo favorable de la LCIA en relación con un proyecto de archipiélago artificial

Dos empresas energéticas emiratíes, Dana Gas y su socia de los EAU Crescent Petroleum, han obtenido un laudo favorable de la LCIA frente a su socio en el consorcio, el húngaro MOL Group, que había impugnado su decisión de transigir una controversia de 39.000 millones de USD con el gobierno regional kurdistaní de Iraq hace dos años.

El conflicto surgió de un acuerdo de 2017 en virtud del cual Dana, Crescent y Pearl transigieron un arbitraje anterior ante la LCIA contra el gobierno regional kurdistaní en relación con sus derechos sobre un contrato a largo plazo para el desarrollo y comercialización de los yacimientos de gas de Khor Mor y Chemchemal.

De conformidad con el acuerdo transaccional, Kurdistán se obligó a pagar a Pearl 1.000 millones de USD en concepto de indemnización, a prorrogar el contrato de 2032 a 2049, a adjudicar al consorcio nuevos bloques en uno de los yacimientos de gas y a ajustar el derecho de Pearl sobre futuros ingresos.

Cuando se firmó el acuerdo transaccional, un tribunal de la LCIA ya había declarado culpable al gobierno en una demanda relacionada con el desarrollo de los yacimientos, pero aún no había decidido sobre los importes reclamados, de entre 26.500 y 39.000 millones de USD.

Zambia

Zambia se enfrenta a una nueva demanda de Vedanta Resources en una controversia minera

El grupo británico de metales y minería Vedanta Resources ha presentado una notificación de controversia a la empresa propiedad del estado de Zambia ZCCM Investment Holdings, basada en su contrato entre accionistas de 2004, en respuesta a los esfuerzos por liquidar su negocio de extracción de cobre en el país. 

El conflicto está relacionado con Konkola Copper Mines (KCM), uno de los mayores productores de cobre de África, y con el inicio por ZCCM de un procedimiento para la disolución de KCM. Vedanta tiene una participación del 80% en la compañía y la participación de ZCCM es de aproximadamente el 20%.

Vedanta acusa a ZCCM de incumplir el contrato entre accionistas al «presentar y perseverar en su petición de disolución de KCM» y no intentar resolver el conflicto mediante arbitraje. También alega daños causados al negocio de KCM como resultado del procedimiento de disolución.