Newsletter Arbitraje Internacional - Marzo 2019 | Panorama regional: Asia Pacífico

Australia

Una empresa minera australiana amenaza a Polonia con una demanda basada en el TCE

A principios de febrero de 2019, la empresa minera australiana Prairie Mining emitió una notificación de controversia al gobierno polaco amenazando con presentar una demanda contra Polonia al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y de los APRI de Polonia con Australia y el Reino Unido.  

El conflicto afecta a dos proyectos mineros en Polonia: la mina Jan Karski, en el sureste de la provincia de Lublin y la mina de Debiensko, en Alta Silesia. En 2018 la empresa inició una acción contra el ministerio polaco del medio ambiente por no haberle otorgado un contrato de usufructo sobre las concesiones de la mina de Jan Karski.

Prairie Mining afirma que el contrato es necesario para proteger su seguridad de tenencia sobre el proyecto. Prairie Mining sostiene que las autoridades estatales han obstruido indebidamente el desarrollo de dos proyectos de minas de carbón.

China

Una controversia por un hospital chino termina con la ejecución de un laudo del SIAC

La filial singapurense del indonesio Grupo Lippo,  OUE Lippo Healthcare,  ha obtenido una orden de embargo preventivo mundial (Mareva injunction) del Tribunal Superior de Hong Kong para la ejecución de un laudo de 42 millones de USD más intereses dictado por un tribunal administrado por el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC) contra el empresario chino David Lin Kao Kun, en una controversia por el control de un hospital en China. 

El tribunal ha emitido una orden de embargo preventivo «mareva» contra activos de Lin por valor equivalente al del laudo dictado en una demanda relacionada con el Wuxi New District Phoenix Hospital, en la ciudad china de Wuxi, a poco más de 100 kilómetros de Shanghái. OUE Lippo adquirió en 2013 una participación mayoritaria indirecta en la compañía que opera el hospital, pero, según alegó, posteriormente Lin adoptó medidas para privarlo de sus acciones y menoscabar su participación en la compañía. Según OUE Lippo, una entidad propiedad de Lin reclamó con éxito ante un tribunal de Shanghái la propiedad del 100% de las acciones de la compañía. El motivo fue el impago de un préstamo de la época en que Lin controlaba ambas entidades.

A principios de 2018, OUE Lippo presentó una demanda ante el SIAC de acuerdo con el contrato de compraventa de acciones, alegando que Lin había incumplido varios compromisos. Las tres pretensiones principales de la demanda se refieren a la pérdida de su participación en el hospital; al incumplimiento de una garantía de beneficios; y a incumplimientos de garantías financieras.

Una compañía energética de Taiwán, condenada a indemnizar a GE en un conflicto nuclear

Un tribunal de la CCI condenó a Taiwan Power Co., o Taipower, a pagar a GE Hitachi Nuclear Energy, filial de General Electric, 158 millones de USD antes de junio 2019.

La controversia se refiere a dos reactores nucleares por valor de 9.000 millones de USD, construidos por GE Hitachi en la costa noreste de Taiwán. Los reactores nucleares se cerraron en 2014 ante la preocupación pública por la seguridad de la central, especialmente después del desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011. Taipower no realizó el pago a GE Hitachi y la filial presentó una demanda de arbitraje en 2015.

Hong Kong

Un juez de Hong Kong estima la acción anti-proceso ejercida por Giorgio Armani contra un minorista chino

El Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong ha estimado la acción antiproceso (anti-suit injuction) ejercida por el modisto italiano Giorgio Armani en apoyo de una demanda presentada ante la CNUDMI contra el minorista chino Elan Clothes, con el fin de que desista del litigio seguido contra Armani SpA en los tribunales de Shandong, en el este de China.  

La controversia se refiere a un contrato suscrito en 2014 en virtud del cual se autorizó a Elan a operar tiendas en las que se vendieran prendas y otros productos con determinadas marcas del grupo italiano, incluidas Armani Jeans y Armani Collezioni. Giorgio Armani anunció en 2017 sin previo aviso que esas dos marcas  iban a quedar englobadas en la marca Emporio Armani, lo que supuestamente hizo que Elan incurriera en daños, incluida la pérdida de ventas de productos Armani comprados antes del anuncio, lucro cesante y pérdidas resultantes del cierre o remodelación forzosa de sus tiendas.

Después de que Elan dejara de pagar los cánones y aportaciones para publicidad que supuestamente estaba obligada a pagar, Armani resolvió el contrato y presentó una demanda de arbitraje conforme a su cláusula de resolución de controversias, que prevé el arbitraje de la CNUDMI en Hong Kong bajo los auspicios del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC).

India

Un órgano jurisdiccional indio anula un laudo contra una petrolera malaya

En una reciente resolución, el Tribunal Superior de Bombay ha anulado un laudo de 113 millones de USD favorable a la estatal india Industan Petroleum Corporation Limited (HPCL) y su filial Prize Petroleum contra la malaya M3nergy, en un arbitraje ad hoc relacionado con un proyecto fallido para el desarrollo de un yacimiento petrolífero marino cerca de Mumbai,  concluyendo que no existía un convenio arbitral válido entre las partes.

La controversia está relacionada con un proyecto para el desarrollo de un yacimiento de petróleo marino cerca de Mumbai, que fue licitado en 2004 por la Comisión de Petróleo y Gas Natural de India (ONGC). El año siguiente, M3nergy –  filial de un banco de desarrollo propiedad del estado malayo de Sabah, suscribió un acuerdo de intenciones con HPCL y Prize para licitar el proyecto como consorcio, en el que M3energy tenía una participación inicial del 30%.

En 2009, HPCL y Prize presentaron una demanda de arbitraje contra M3nergy, invocando la cláusula de resolución de controversias del contrato. Alegaron que el socio malayo era responsable de la extinción por ONGC del contrato del consorcio.

Pakistán

Pakistán  pide a un tribunal del CIADI que revise las acusaciones de corrupción en el marco de una demanda de inversión

Con fecha 6 de febrero de 2019, Pakistán ha presentado en el CIADI una petición para que revise una resolución de 800 millones de USD favorable a la empresa energética turca Karkey Karadeniz Elektrik (KKE) ante lo que, según el Estado, son nuevas pruebas que respaldan su opinión de que la inversión subyacente estaba afectada por corrupción.

La controversia tiene su origen en una demanda presentada por KKE, que había suministrado cuatro buques de generación eléctrica de acuerdo con un contrato a cinco años suscrito con Pakistán en 2009 para el suministro eléctrico a la ciudad portuaria de Karachi durante una crisis energética. Los buques fueron inmovilizados en 2012 después de que el Tribunal Supremo de Pakistán ordenara investigar si había habido irregularidades en la adjudicación por el primer ministro Raja Pervaiz Ashraf de contratos para el suministro eléctrico a corto plazo.

En defensa de su postura acerca de la existencia de corrupción, Pakistán alegó en el arbitraje que KKE prometió pagar 33 millones de USD a un consultor para conseguir el contrato de 2009. El tribunal arbitral desestimó tales alegaciones por ser infundadas, determinando que la cifra de 400.000 USD era «mínima para los servicios prestados» y constituía una «pequeña parte» de la inversión total. Ahora Pakistán afirma que el órgano para la prevención de la corrupción , el National Accountability Bureau (NAB), ha descubierto pruebas que apuntan a que las prácticas corruptas, a través de operaciones offshore, ascienden a 5 millones de USD.