Newsletter Arbitraje Internacional - Marzo 2021 | Panorama Regional: Asia Pacífico

CHINA

Se ratifica el laudo de la CCI favorable a una sociedad estatal china

Bariven, filial de la empresa de petróleo y gas propiedad del Estado venezolano, impugnó un laudo de la CCI de 70 millones de euros favorable a Surpass Commercial Corp (Surpass), filial de la empresa estatal China Poly Group Corporation, alegando que no existía entre las partes ningún acuerdo para la consolidación de demandas derivadas de diferentes contratos y que, por lo tanto, el tribunal arbitral había incumplido su mandato.

La Corte de Apelación de La Haya ha desestimado la impugnación, reconociendo la validez del convenio arbitral existente y resolviendo que el laudo no era contrario al orden público.

El conflicto está relacionado con el incumplimiento de la obligación de pago de Bariven conforme a 26 contratos suscritos con Surpass en el período comprendido entre 2011 y 2015 para la compra de vehículos comerciales, piezas de repuesto y otro equipamiento industrial. Surpass presentó una demanda ante la CCI contra Bariven en 2016. La demanda fue estimada mediante laudo dictado en mayo de 2019, en el que se condenó a Bariven a pagar a Surpass 70 millones de USD, incluidos intereses, y todos los gastos legales de Surpass.

Una empresa estadounidense y otra china alcanzan un acuerdo en relación con un contrato de licencia de un medicamento

En febrero de 2021, la americana Puma Biotechnology (Puma) y la china CANbridge Pharmaceuticals (CANbridge) alcanzaron un acuerdo para la extinción del contrato de licencia que suscribieron en 2018 en relación con el medicamento contra el cáncer denominado neratinib.  De esta forma, las partes ponen fin a un arbitraje iniciado ante la CCI por Puma en julio de 2020, en el que demandaba importantes ingresos por licencia además de «cánones de doble dígito» por cuantía de 20 millones de USD a CANbridge, alegando que CANbridge había incumplido el contrato y no había comercializado neratinib con la debida diligencia.

De conformidad con el acuerdo, Puma pagará a CANbridge 20 millones de USD como compensación por la retirada de todos los derechos sobre neratinib en la región de Gran China. Al mismo tiempo, Puma ha llegado a un acuerdo con su actual sublicenciatario, el grupo farmacéutico francés Pierre Fabre, para revisar el vigente contrato de licencia y concederle los derechos exclusivos para la región de Gran China.

HONG KONG

Revocado un laudo del HKIAC contra un demandado equivocado

El Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong informó, el 18 de febrero de 2021, de la revocación del laudo del HKIAC por valor de 18 millones de USD que se había dictado en contra de una empresa de tuberías china participante en la iniciativa Belt and Road, por haberse designado erróneamente al condenado en el laudo. La parte del contrato objeto de la controversia era China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB), mientras que la entidad condenada en el laudo era China Petroleum Pipeline Engineering (CPPE), que no era parte del convenio arbitral ni había recibido notificación del arbitraje.

En 2013, la entidad a favor de la cual se dictó el laudo suscribió un contrato con CPPB. En 2019, la entidad inició un arbitraje contra CPPB reclamando una comisión de éxito pendiente por servicios prestados por importe de 11 millones de USD. Posteriormente, la demandante cambió a la demandada por CPPE alegando que había recibido un correo electrónico en el que se le informaba de que CPPB había cambiado su denominación por la de CPPE. El cambio de demandada fue aceptado por el tribunal arbitral, que dictó en marzo de 2020 un laudo en el que se condenaba a CPPE a pagar 18 millones de USD más intereses, a pesar de no haber participado en el arbitraje.

El Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong ha determinado que CPPB y CPPE son dos entidades distintas e independientes a pesar de la similitud de sus denominaciones y que en la página web oficial de CPPE no había nada que indicase que CPPB había pasado a ser CPPE. 

Japón

Primera demanda de arbitraje de inversión contra Japón

En respuesta a los recortes en el régimen de ayudas a las energías renovables establecido por Japón después de la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, Shift Energy, inversora en renovables de Hong Kong, ha presentado la que es la primera demanda de inversión contra Japón, basada en el APRI entre Hong Kong y Japón, uno de los 29 acuerdos bilaterales para la protección de las inversiones que tiene suscritos Japón. Según se ha informado, esta podría ser la primera de una avalancha de demandas de inversión contra el gobierno japonés.

El régimen ofrecía a los inversores en energías renovables tarifas de alimentación bastante favorables. La rápida caída que estaban experimentando los precios de los equipos solares en la época en que se estableció el régimen, empujó a muchos inversores a comprar centrales fotovoltaicas en Japón.  Sin embargo, solo un año más tarde, el Gobierno japonés inició un recorte progresivo de las tarifas de alimentación y adoptó medidas regulatorias y de supervisión en relación con las centrales, como, entre otras, la fijación de plazos de retroactividad. Según los datos publicados por la firma de análisis de solvencia Teikoku Databank, desde 2018 más de 250 empresas fotovoltaicas se han visto obligadas a declararse en quiebra debido a los recortes y a las reformas regulatorias.