Newsletter Arbitraje Internacional - Marzo 2021 | Panorama regional: El continente americano

CHILE

Una demanda CCI aumenta la tensión entre la minera estadounidense Albemarle y una agencia estatal chilena

La agencia estatal chilena Corporación para el Fomento de la Producción (Corfo) ha presentado una solicitud de arbitraje ante la CCI en la que reclama 15 millones de USD a la compañía minera estadounidense Albemarle por supuestos incumplimientos de contrato que afectan al pago de cánones. La empresa minera explota yacimientos de litio en los salares de Atacama, que son propiedad de Corfo, a cambio del pago de comisiones trimestrales. Según Corfo, desde 2020 Albemarle ha venido pagando comisiones insuficientes debido a una interpretación errónea del contrato. El principal problema gira en torno al cálculo de las comisiones: mientras que Albemarle afirma haber cumplido debidamente sus obligaciones, Corfo sostiene que Albemarle ha modificado de forma «arbitraria y unilateral» la forma de calcular las comisiones.

Este no es el primer enfrentamiento de Albemarle con agencias gubernamentales chilenas. Hubo discrepancias entre Albermarle y la agencia nuclear chilena (CChEN) por la falta de comunicación de información y con la propia Corfo por un caso reciente de supuesta discriminación. Esto último debido a que le fue denegado a la empresa minera el acceso a un informe medioambiental sobre el salar de Atacama, que sí se le permitió a su competidor SQM.

PERÚ

Telefónica presenta una demanda contra Perú ante el CIADI

Telefónica S.A. presentó, el 12 de marzo de 2021, una demanda contra la República de Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Telefónica presentó solicitud de arbitraje por el supuesto incumplimiento por parte de Perú de los acuerdos de inversión suscritos entre ambos países, sobre la base del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre España y Perú.

Telefónica alega que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y otras agencias estatales están incumpliendo de forma arbitraria y discriminatoria las obligaciones establecidas en el APRI. Con este arbitraje se pretende hacer que se cumplan los acuerdos de inversión suscritos entre ambos países.

COLOMBIA

Una empresa de servicios públicos colombiana anuncia el inicio de un arbitraje contra una compañía española

EMCALI, empresa de servicios públicos colombiana, informó a mediados de febrero de su decisión de presentar una demanda de arbitraje contra la compañía española Acciona Agua S.A.U. Colombia por un presunto incumplimiento de un contrato suscrito en 2017 para las obras de mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, en Cali, Colombia.

Según EMCALI, Acciona Agua solo finalizó el 57% de las obras de mejora, dejando la planta de tratamiento de aguas residuales parcialmente inoperable y en situación de vulnerabilidad, con importantes riesgos medioambientales, lo que ya ha derivado en la imposición de multas y sanciones por parte de las autoridades medioambientales competentes.

Se estima que la demanda rondará los 6 millones de euros por incumplimiento de contrato y 29 millones de euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios. EMCALI también incluirá en la demanda a la auditora española IDOM Consulting Engineering, Architecture S.A.U., que era la encargada de supervisar las obras.

MÉXICO

Inversores del sector de la electricidad presentarán una demanda de arbitraje por la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica de México

Está previsto que inversores en el sector de la electricidad presenten una demanda de arbitraje por la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, que modifica el criterio de despacho eléctrico y pone en peligro inversiones de millones de dólares de grupos extranjeros.

La reforma cambia el criterio para el despacho de electricidad, dando prioridad siempre a centrales antiguas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de energías renovables, además de abrir la puerta a la revisión y, caso de ser necesario, la cancelación de contratos de compraventa de electricidad suscritos por la CFE con entidades privadas al amparo del régimen anterior a la reforma de 2014.

Se estima que la indemnización que solicitarán los inversores que acudan al arbitraje internacional conforme a los Acuerdos para la Protección Recíproca de Inversiones podría superar el 80% de su inversión (una indemnización cercana a los 70.000 millones de pesos mexicanos).